Fiscal y Abogacía del Estado rechazarán que la Infanta declare como imputada

Madrid

El juez de Palma de Mallorca José Castro, quien instruye el conocido como «caso Nóos», ha dado un plazo de cinco días para que todas las partes personadas en la causa puedan realizar las «alegaciones que estimen pertinentes» en relación con una «hipotética citación» como imputada a la Infanta Doña Cristina, por los «supuestos delitos contra la Hacienda Pública y/o de blanqueo de capitales». El magistrado ha adoptado esa decisión tras haber recibido el pasado día cinco los últimos informes de la Agencia Tributaria que estaban pendientes, uno de los cuales se refiere a los gastos de la sociedad Aizoon, de la que son propietarios los duques de Palma, en la reforma de su vivienda de la zona de Pedralbes (Barcelona).

Ante esa petición, la Fiscalía remitirá un informe en el que se opondrá a tal citación, según confirmaron fuentes de la Fiscalía General del Estado, al igual que hará, previsiblemente, la Abogacía del Estado y la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares. Por contra, sólo la acción popular, ejercida por el colectivo de funcionarios Manos Limpias, respaldará citación como imputada de la Infanta, y para ello, según afirmaron a este periódico fuentes del citado sindicato, presentará un informe «que desmontará el de la Agencia Tributaria», en el que se concluía que no había incurrido en delito alguno.

Ni un solo indicio

La tesis de la Fiscalía ya la expuso el representante del Ministerio Público Pedro Horrach en un escrito, presentado de oficio ante el juez José Castro el pasado 14 de noviembre, en el que incidía por tercera vez en que no había causa alguna que justificase la imputación de Doña Cristina, en relación con la investigación sobre el «entramado Nóos». En este sentido, el fiscal sostenía ya que en esta causa sólo existen contra ella «conjeturas o sospechas», que «no constituyen elementos válidos de imputación».«No hay un solo elemento de prueba que vincule a Doña Cristina de Borbón con actividades delictivas, propias o ajenas», por lo que la «imposibilidad de concretar» respecto a la Infanta «unos hechos con una mínima apariencia delictiva derivada de la inexistencia de elementos de prueba que la vinculen a los hechos objeto de investigación sigue vigente a día de hoy», afirmaba el fiscal. Nada ha cambiado desde entonces para que el Ministerio Público cambie de criterio, según las fuentes consultadas.

En cuanto a la actividad de Aizoon, sociedad en la que son titulares al 50 por ciento Iñaki Urdangarín y su esposa, el fiscal destacaba ya entonces cómo las investigaciones concluyeron «inequívocamente» que los ingresos de esa sociedad procedían de «actividades personalísimas» del duque de Palma, «en cuanto que respondían a retribuciones como miembro de

consejos de administración o como asesor de compañías mercantiles privadas», por lo que las actividades presuntamente delictivas derivadas de esas actuaciones «sólo son imputables de uno de los socios de Aizoon», Iñaki Urdangarín.

La conclusión a la que llegaba el representante de la Fiscalía era contundente: «Es patente la falta de dato objetivo alguno que vincule a Doña Cristina de Borbón con el entramado previo origen del fraude fiscal».

La Abogacía del Estado, por su parte, también se opuso en la anterior ocasión a que se citara a Doña Cristina como imputada, y, «previsiblemente» será la misma postura que mantenga ahora.

Una vez que el juez tenga en su poder los diferentes informes de las partes –algunas de las defensas no se pronunciarán– , decidirá si cita o no a Doña Cristina a declarar, en una decisión que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

Doña Cristina «carece absolutamente de imputaciones» en Aizoon

En el último informe remitido por la Agencia Tributaria al juez Castro se especifica que el gasto realizado por la sociedad Aizoon en la reforma de la vivienda de los duques de Palma, en la zona residencial de Pedralbes (Barcelona), entre los años 2004 y 2006, ascendió a 436.703 euros. A partir de ese año, señala Hacienda en su dictamen, no se registraron gastos destinados de forma específica a las obras de rehabilitación del inmueble, aunque «algunos gastos que pueden estar relacionados con el equipamiento o decoración de dicho edificio, figuran incluidos dentro del concepto de atenciones de índole privada o familiar». En concreto, por este concepto de «atenciones privadas» se realizó un desembolso de 262.120 euros entre 2004 y 2010. De esta forma, el total de lo destinado a la vivienda sería de 698.824 euros.

En ese informe se especifica igualmente que, a partir de 2005, las empresas participantes en esa reforma, además de facturar a Aizoon, «también lo hicieron a nombre» de Iñaki Urdangarín; mientras que su esposa, la Infanta Doña Cristina, «carece absolutamente de imputaciones en estos periodos por esos conceptos citados». Hacienda reconoce que se desconoce «el concreto criterio utilizado para el reparto de los costes de las obras entre Aizoon y las personas físicas», entre las que no figura Doña Cristina.