
Cambio de opinión
El Gobierno recula con la implicación de Tragsa en la regularización de inmigrantes
La participación ha pasado de una "escasa información" a actividades administrativas "estrictamente instrumentales"

Largas colas, pocas horas de sueño y la tensión política rebajada. Esa es la imagen que se esboza de la regularización masiva de inmigrantes promovida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el primer día que se ha comenzado el proceso. Aragón, Comunidad Valenciana o Barcelona han multiplicado su actividad. Los ciudadanos que se han acercado para obtener la documentación apuntan a una "oportunidad histórica" que ha arrancado con aglomeraciones desde bajas horas de la madrugada.
Según apunta el Periódico, en la localidad de Barcelona decenas de personas se han concentrado ante las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OACs) para acreditar su estancia en España desde antes del 1 de enero de 2026; condición sine qua non presentada por el Gobierno. En este sentido, se han multiplicado los trabajadores para acelerar los trámites tanto en las oficinas españolas como en los consulados de Marruecos o Pakistán; punto decisivo para obtener los antecedentes penales. Sea como fuere, la concesión a Podemos ha modificado el desarrollo de la situación.
Sin pasar por el Congreso de los Diputados y con la demanda del Supremo de la remisión del expediente en 20 días, desvelada por LA RAZÓN, desde el día de ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE) cuenta con el documento que ha sufrido grandes modificaciones respecto al borrador. Tras las recomendaciones del Consejo de Estado se ha endurecido la redacción de varios puntos polémicos. Entre los afectados se encuentra Tragsa y sus filiales.
Tal y como ha podido confirmar este diario tras analizar el documento presentado por el Ejecutivo, señala que al grupo en el que "trabajó" la expareja de José Luis Ábalos solamente se le podrán reclamar "actuaciones administrativas de carácter estrictamente instrumental", ya sean de apoyo técnico, o de canalización documental de la solicitudes. En consecuencia, los trabajadores del organismo, y de sus filiales, no podrán cubrir puntos diferentes de la regularización masiva de inmigrantes.
El Consejo de Estado influye en el Gobierno
"Sorprende la escasa atención e información que el expediente remitido a dictamen dedica a esta cuestión". Con frases de esta índole el organismo consultor presidido por Carmen Calvo alertó al Ejecutivo de sus dudas sobre el papel de Tragsa en el proceso migratorio.
En el documento al que tuvo acceso LA RAZÓN, se apuntaron a incógnitas sobre el papel de Tragsa, debido a la "amplitud de encargos indefinidos" que se realizarán en el proceso y la "escasa atención e información" de su expediente. " La colaboración debe ser muy exigente con el régimen de objetividad, neutralidad, publicidad y transparencia en la adjudicación de los contratos públicos", reza la misiva remitida al Ejecutivo. Se denunciaron "términos muy globales".

Desde el Consejo de Estado se reclamó, en este aspecto, que la participación en la regularización masiva de inmigrantes se ciñiera a "actuaciones administrativas de gestión y canalización documental". A diferencia de otras cuestiones como el cambio de hora propuesto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su equipo han cedido ante las demandas.
Para cerrar la valoración sobre el borrador, se lamentaba el desconocimiento sobre la elección de Tragsa como la entidad más idónea para colaborar en las "muy complejas tareas administrativas de gestión de las solicitudes". Este punto no ha sido aclarado en la explicación de la Moncloa.
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