Grupos islámicos denuncian en el Parlamento andaluz la «gestión lesiva» de la Mezquita

Durante la reunión que el pasado 16 de mayo mantuvieron el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, y cuatro miembros de la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, cambió de manos un informe de 23 páginas en el que se detalla la hoja de ruta que este grupo de presión laicista pretende llevar a cabo para la consecución de su objetivo: expropiar a la Iglesia de un templo en el que viene desarrollándose el culto católico desde hace casi ocho siglos.

En la petición que la plataforma elevó a Gracia se pide que éste «intervenga con urgencia ante la grave amenaza» que sufre el monumento «a consecuencia de la gestión lesiva» del Obispado de Córdoba. Es una «situación preocupante» que precisa de la «reacción inmediata» de la Administración. Para ello proponen que se encargue, con cargo al erario público, un informe al Icomos (ONG que asesora a la Unesco y que ya ha mostrado su simpatía con las tesis defendidas por la plataforma), que se impugne la inmatriculación que la Iglesia realizó en 2006 (bajo un procedimiento que el Tribunal Supremo declaró constitucional en sentencia de 16 de noviembre de 2006) y que se redacte un régimen jurídico propio para la Mezquita-Catedral «en base a criterios aconfesionales y científicos» que respeten el carácter, dice el documento en otro punto, de «la más importante joya del legado hispano-musulmán de Occidente».

Significativamente, el informe elaborado por la plataforma laicista (que mantiene lazos con la extrema izquierda andaluza y con Batasuna, como ya informó LA RAZÓN) no hace referencia a ningún desperfecto en el estado del monumento, sino a los folletos, vídeos, cartelería y demás materiales educativos con los que el Cabildo de la Catedral pretende familiarizar a los turistas con las características del edificio, materiales en los que, no puede ser de otro modo al tratarse de un templo católico, se hace referencia a aspectos relacionados con la religión cristiana.

Aunque las alusiones a qué Administración Pública sería la encargada de gestionar el monumento son deliberadamente vagas en el informe, la implicación de la Junta de Andalucía y la celeridad con la que, en febrero pasado, encargó un estudio jurídico para investigar si se podría expropiar a la Iglesia deja poco margen a la duda de las pretensiones del Ejecutivo de Susana Díaz. Es preciso recordar que hasta la fecha ni la Unesco, ni el Ayuntamiento de Córdoba (incluso cuando estaba en manos de IU), ni ninguna otra institución nacional o internacional ha mostrado queja alguna por la «impecable y ejemplar» –son palabras del actual alcalde, José Antonio Nieto, a LA RAZÓN– gestión del monumento que lleva a cabo el Cabildo de la Catedral. Toda la campaña está coincidiendo, además, con numerosos escándalos de corrupción en los que la Junta es protagonista, siendo uno de ellos el fraude masivo de venta de entradas para la Alhambra, caso en el que ya hay imputadas 79 personas, algunas de ellas funcionarios del Patronato que controla el monumento, dependiente de la Consejería de Educación y Cultura y Deporte de la Junta.