Hacienda publica mañana el déficit autonómico en medio del debate sobre su reparto

Hacienda publica mañana los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas y lo hará en medio del debate sobre el reparto del objetivo de déficit, en el que hoy ha insistido Cataluña, que pide una mayor rebaja, y algunos barones del PP, contrarios a cualquier "discriminación".

El Ejecutivo de Artur Mas, en este caso apoyado por los agentes sociales -con los que se ha reunido para hablar de la crisis-, se ha vuelto a mostrar partidario de que Cataluña disponga de un mayor margen de déficit público, que la Generalitat sitúa en el 2,1 %.

"Hemos coincidido en que el déficit que nos quieren traspasar de Europa a España y de España a Cataluña no es asumible", ha dicho el consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, después de que el Gobierno catalán prorrogara ayer sus presupuestos con un nuevo margen del 1,2 %.

En línea con lo defendido por Extremadura, Aragón, Valencia o Galicia, el presidente de Madrid, Ignacio González, ha vuelto a decir este miércoles que no se pueden establecer discriminaciones por razón del objetivo de déficit entre las comunidades autónomas que están haciendo un esfuerzo por cumplirlo y las que no.

En este contexto, mañana se conocerán las comunidades que incurrieron en déficit hasta marzo. La última estadística, la de los dos primeros meses del año, mostraba que en su conjunto registraron un déficit de 1.277 millones de euros, el 0,12 % del PIB, con diez las regiones con saldo negativo y siete con superávit.

Entonces, Cataluña registró el mayor déficit, de 677 millones de euros (0,34 % del PIB), seguida de Madrid, con 304 millones, aunque en este caso el porcentaje de PIB era inferior, del 0,16 %.

Murcia registró un déficit con el mismo porcentaje de PIB que Cataluña, aunque en su caso fue por un saldo negativo de 93 millones.

Aunque estos datos sólo mostrarán la ejecución presupuestaria del primer trimestre, cobran valor por el debate político abierto sobre los criterios con los que se va a repartir el nuevo objetivo de déficit para las comunidades, que se va a elevar del 0,7 % al 1,2 % del PIB para este año.

Varios barones del PP han mostrado estos días su rechazo tajante a la posibilidad de que el objetivo de déficit sea diferenciado para beneficiar a Cataluña y en detrimento de las comunidades que están cumpliendo, algo que hoy ha considerado comprensible el histórico dirigente del PSOE Alfonso Guerra.

En esa línea se ha pronunciado en Respaldiza (Álava) el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha afirmado que es un "contrasentido"que haya "un premio"para aquellas comunidades autónomas que no se hayan ajustado al cumplimiento del objetivo del déficit.

Uno de los barones populares más beligerantes, el presidente extremeño, José Antonio Monago, ha advertido una vez más, en declaraciones a la Cope, de que "Cataluña ni cumple ahora ni va a cumplir con el objetivo que se le marque", antes de señalar que el "nacionalismo catalán es insaciable".

"Hace un año éramos diferentes y el objetivo de déficit era para todo el mundo igual. A ver si hemos descubierto ahora que somos diferentes", ha lamentado Monago.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha dicho que no puede explicar a los gallegos que se han hecho esfuerzos de racionalización presupuestaria "para beneficiar a Cataluña".

"No se puede someter a condición el cumplimiento de la Constitución", ha declarado Feijóo al aludir a las pretensiones soberanistas de Cataluña y su petición de que se le flexibilice su objetivo de déficit.

Para tratar de calmar el debate, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que confía en que el Gobierno será capaz de encontrar "un punto de conciliación"en las diferentes posturas mostradas por las Comunidades Autónomas respecto al objetivo del déficit.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha instado hoy al Ejecutivo a sentar a las comunidades para llegar a un acuerdo sobre financiación y déficit, que ha reconocido que "no es fácil", pero que es, ha afirmado, "obligación del Gobierno encontrarlo".