Sevilla

Insumisos judiciales

El TSJA atribuye a los acusados supuesto delitos de daños, usurpación, desobediencia y hurto, y asegura que durante su acción causaron daños materiales por valor de 794,14 euros y sustrajeron objetos valorados en 281,50 euros
El TSJA atribuye a los acusados supuesto delitos de daños, usurpación, desobediencia y hurto, y asegura que durante su acción causaron daños materiales por valor de 794,14 euros y sustrajeron objetos valorados en 281,50 euroslarazon

«Insumiso judicial». Así se declaró el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, tras ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado verano por la ocupación de la finca «Las Turquillas» en Osuna (Sevilla).

«Insumiso judicial». Así se declaró el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, tras ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado verano por la ocupación de la finca «Las Turquillas» en Osuna (Sevilla). Su «compañero de lucha», Diego Cañamero, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), no le fue a la zaga y tras conocer la resolución del tribunal ya dejó claro sus intenciones de «colaborar» con la Justicia: «Yo no voy a ir a ningún juicio ni a ninguna llamada. Si me quieren detener, que me detengan, pero no voy a participar en este circo».

Así pues, ambos han optado por tirar por la «tierra de enmedio» y hacer caso omiso a los llamamientos judiciales. Sánchez Gordillo y Cañamero siguen en sus quehaceres diarios, en sus reivindicaciones permanentes e instalados en un discurso más propio de regímenes de otras épocas y países. Se sienten seguros, respaldados por «su» pueblo, con la confianza de que la Justicia no llegará a ellos, pero al final, tarde o temprano, la Justicia siempre aparece.

El Juzgado de Osuna que llevaba la instrucción del caso, antes de remitirlo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ya llamó a declarar el pasado mes de noviembre a gran parte de los simpatizantes del SAT, quienes se negaron a declarar, así como al propio Diego Cañamero que, no obstante, desoyó la citación y no compareció después de haberse declarado «insumiso» judicial, lo cual, como viene sosteniendo, «no es un empeño ni una chulería», sino un acto de «protesta». Sánchez Gordillo, por su parte, sí acudió a la segunda citación del instructor andaluz, aunque se acogió a su derecho a no declarar.

El pasado 19 de junio, Diego Cañamero se negó a comparecer a la citación del instructor de la causa del TSJ de Andalucía, por lo que tendrá que acudir próximamente, bien voluntariamente o detenido por la Guardia Civil, a la sede judicial. La abogada Irene Lara, que representa al SAT y a Sánchez Gordillo en esta causa, ya avanzó ese mismo día a los periodistas que los militantes citados se acogerían a su derecho a no declarar y que Cañamero no se presentó porque se niega a asistir a cualquier tipo de declaración judicial. El TSJA atribuye a los acusados supuesto delitos de daños, usurpación, desobediencia y hurto, y asegura que durante su acción causaron daños materiales por valor de 794,14 euros y sustrajeron objetos valorados en 281,50 euros. Entre otros, destruyeron un azulejo rústico que identificaba la entrada de «Las Turquillas», el candado, la cadena y el bastidor de la puerta de entrada, los candados de un pozo y hurtaron varios utensilios de labranza.

Un aforado y «okupas» con tractor

La ocupación de «Las Turquillas» se llevó a cabo entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012 para denunciar el impacto de la crisis sobre el campo andaluz. Al ser aforado Juan Manuel Sánchez Gordillo, la causa fue investigada por el juez del TSJA Jerónimo Garvín, quien el pasado mayo dio por concluida la fase de instrucción y dio traslado de las actuaciones al fiscal y al Abogado del Estado para que pidan el sobreseimiento o presenten escritos de acusación. Según el magistrado instructor, entre los daños causados por los ocupantes se encuentra la fractura de los sistemas de guarda y anclaje de un pozo, donde los acusados colocaron una motobomba para sacar agua y conectaron una conducción de agua para usarla como ducha. El 26 de julio prendieron fuego a unas 18 pacas de paja, con riesgo de incendio del rastrojo existente en la zona, en la que se encontraban los animales de la Yeguada Militar situada en la finca. En el vallado perimetral del acuartelamiento, los ocupantes rompieron el 27 de julio un candado e iniciaron el corte de ramajes de olivo y almendros y emprendieron labores de arada con una mula mecánica y un tractor.