Investigado todo el Gobierno de Gallardón por la compra de Inassa

El juez indaga un supuesto sobrecoste en la adquisición en 2001 de la empresa colombiana

Todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidía Alberto Ruiz-Gallardón cuando el Canal de Isabel II compró en 2001 la sociedad colombiana Inassa por 73 millones de euros está ya imputado en el «caso Lezo». El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón –que investiga la operación por un supuesto sobreprecio en detrimento de las arcas públicas– ha acordado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, citar a declarar en calidad de investigados a los otros seis ex integrantes del Ejecutivo regional de Ruiz-Gallardón que aún no habían comparecido ante el magistrado para ser interrogados, según confirmaron fuentes jurídicas.

Los ex consejeros Luis Eduardo Cortés (Obras Públicas, Urbanismo y Transportes), Paz González (Justicia y Administraciones Públicas) y Luis Blázquez (Economía e Innovación) deberán comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 11 de septiembre a partir de las nueve y media de la mañana. A la misma hora, pero 24 horas después, están citados sus ex compañeros de Gabinete Alicia Moreno, ex consejera de las Artes, Pilar Martínez (Servicios Sociales) y Luis Peral (Trabajo).

Antes que ellos ya han dado su versión de los hechos al instructor y a la Fiscalía Anticorrupción tanto el propio Ruiz-Gallardón como los ex consejeros de su Gobierno Manuel Cobo Juan Bravo (actual presidente de Adif) y Pedro Calvo, que defendieron la legalidad de la compra de Inasa por parte de la empresa de aguas de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, García-Castellón –que recogió el testigo de la investigación de manos del juez Eloy Velasco– considera que en la compra de la filial colombiana, que se llevó a cabo a través de una «compleja estructura societaria» que incumplió de «plano» los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad, existió una «sobrevaloración claramente perjudicial». Para el magistrado hubo un «cúmulo de irregularidades» durante el proceso de adquisición de los que responsabiliza, entre otros, a los miembros del Consejo de Gobierno que autorizaron la operación.

En su comparecencia ante el juez, Ruiz-Gallardón defendió el pasado 7 de junio la legalidad de la compra y recordó que se llevó a cabo «con todos los informes jurídicos favorables». El ex ministro siguió la tónica general de alguno de sus ex consejeros que ya habían declarado y se desvinculó de los aspectos técnicos de la operación, que defendió «al margen de los instrumentos y vehículos utilizados».