Jueces y fiscales proponen ocho medidas contra la corrupción

Ante la constante aparición de casos de corrupción y la situación de «máxima alarma» que se vive en nuestro país, la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales han propuesto ocho medidas contra esta lacra.

La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales ha propuesto hoy ocho medidas contra la corrupción, como la reforma de la regulación de la contratación pública, ante la situación de “máxima alarma” que se vive en la actualidad por la constante aparición de casos.

Entre las medidas propuestas figuran la reforma de la Ley del Suelo, la tipificación como delito de la financiación ilegal de los partidos, la reducción del número de aforados y la dotación de medios adecuados a los funcionarios que combaten la corrupción.

El comunicado conjunto ha sido suscrito por las asociaciones de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente y las de fiscales Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Entre sus propuestas para combatir la corrupción y por la regeneración democrática figura también la de evitar “inaceptables injerencias” del poder político en la elección de los integrantes del órgano de Gobierno del Poder Judicial.

Golpe a la confianza de los ciudadanos

En el comunicado conjunto, los jueces y fiscales dicen que la sociedad española atraviesa “por una situación de máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos”. “Los episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho”, opinan.

Jueces y fiscales sostienen que el desarrollo del modelo constitucional de Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas democráticas “ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes” que toda Constitución debe salvaguardar.

A su juicio, los partidos políticos “de uno y otro signo” han tratado “de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber de juzgarles”.

Al mismo tiempo, denuncian que el presupuesto destinado a la Justicia “dista mucho del existente en países de nuestro entorno”.

Debilitamiento del Poder Judicial

Ambas circunstancias han derivado, según el comunicado, en el debilitamiento del Poder Judicial, “único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española”.

Consideran que la responsabilidad de la regeneración democrática “no puede recaer en exclusiva en la Justicia penal”, sino que son precisas “medidas en otros ámbitos, así como la implicación de la totalidad de los poderes públicos del Estado”.

Así, proponen el incremento “inmediato” del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de jueces y fiscales en España a la media europea y la dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción.

En este sentido, reclaman un refuerzo de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de corrupción, como son las unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado.

Revisión del Código Penal

Además de la instauración de un nuevo modelo procesal penal, “apto y eficaz” para combatir “los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción”, proponen también la revisión del Código Penal “a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos”.

Defienden asimismo la mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.

Otra de la medidas que proponen es la reducción del número de aforados en el ámbito político y “la limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo”.

Finalmente, defienden la reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública “para lograr una mayor transparencia en su ejecución”.