Elecciones catalanas
El pacto de investidura incluía la República
Los independentistas tenían previsto sellar un acuerdo para investir a Puigdemont que pusiera en marcha el inicio del proceso constituyente y desembocara en la ruptura con el Estado. ERC lo paró al aplazar el pleno minutos antes de que se firmase
En el pacto de investidura fechado el 30 de enero, que no llegó a firmarse al ser suspendido el Pleno y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, JxCat, ERC y la CUP establecían las bases para materializar la idea de la República.
Las intenciones de ERC y JxCat no pasaban en esta legislatura por seguir manteniendo la confrontación con el Estado en las cotas insostenibles del pasado mandato, pero el 21-D devolvió a la CUP la capacidad para seguir dirigiendo los derroteros de la política catalana. Con sus cuatro diputados, decisivos para revalidar la mayoría independentista en el Parlament, los anticapitalistas están volviendo a demostrar fuerza suficiente para empujar de nuevo a ambos partidos separatistas a la senda del desafío, como así lo demuestra el documento de acuerdo que tenían previsto sellar entre los tres partidos para investir a Carles Puigdemont el pasado martes, que comprometía el inicio de la materialización de la República.
El documento, al que ha tenido acceso este diario y adelantó «eldiario.es», consta de cuatro páginas y 14 puntos de consenso. Aunque no llegó a ser rubricado el pasado martes a primera hora a causa de la suspensión del Pleno, se tomaba como puntos de partida legitimadores los resultados del simulacro de referéndum del 1-O y la Declaración Unilateral de Independencia del 27-O. En concreto, los anticapitalistas, exigen el inicio de un proceso constituyente, labor que quedó «pendiente» por la aplicación del 155, que culmine en la redacción y aprobación de la constitución de la República catalana, que deberá ser refrendada en un referéndum.
Pero para alcanzar ese extremo, el acuerdo fija la creación de una Asamblea Constituyente tras la formación del nuevo Govern, compuesta por los diputados del Parlament –algunos de ellos investigados o en libertad condicional por la causa que está instruyendo el Tribunal Supremo tras las querellas de la Fiscalía por rebelión y sedición– y una representación del mundo municipal. Sus funciones serían impulsar un debate ciudadano en colaboración con los ayuntamientos –que dotarán de los recursos y espacios necesarios para su desarrollo– e impulsar un Foro Social Constituyente, que se encargaría de recoger y sistematizar todas las propuestas surgidas en los procesos de participación ciudadana para someterlas a una consulta en forma de «multirreferéndum». Los resultados de esa consulta serían mandatos para el siguiente Parlament, configurado tras una nuevas elecciones constituyentes.
Desde la CUP, quisieron aclarar que el documento en ningún caso pretende convertirse en «programa político o la acción de gobierno exclusiva» de los firmantes, sino que expresa «aquellas cuestiones sobre las que se ha llegado a un acuerdo». El sello de los tres partidos estaba previsto estamparse la mañana del martes, pero la decisión unilateral y a primera hora de la mañana del presidente del Parlament, Roger Torrent, de suspender el Pleno lo dejó en aguas de borrajas. Lo cierto es que tanto desde JxCat como desde ERC se admite que el inicio del proceso constituyente constituía un punto en común, aunque divergen del grado de madurez del acuerdo. Para Esquerra el pacto de investidura no estaba lo suficientemente sólido, mientras para JxCat, sí, que además reconocía que había accedido a dos propuestas más que los anticapitalistas incluyen en el documento: la reversión de la privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) –medida de Artur Mas– y no renovar los conciertos con los 30 centros escolares en cataluña que segregan por sexo.
Más allá de estos tres puntos, en materia de ruptura con el Estado también aparecen la internacionalización de la República y la construcción nacional de los Países Catalanes –todas los territorios de habla catalana–. En la vertiente social, se reclama un un plan de choque contra la violencia machista; un plan de apoyo a los autónomos y la economía social; un plan contra la corrupción; recuperar los impuestos de cambio climático; reforzar el modelo público de universidad; e, incrementar el presupuesto para los medios de comunicación públicos.
De esta manerra, la CUP conseguiría alterar los planes de ERC y JxCat para esta legislatura, mucho más moderados y enfocados a acabar con el 155 y liberar a los presos, además de intentar ampliar la base social. Este documento, precisamente, aparece justo el mismo día en que el ex conseller de Interior, Joaquim Forn, volvió a recibir un revés del Tribunal Supremo. En el auto, Pablo Llarena, dejó en prisión a Forn al poner de relieve que el contexto político catalán sigue integrando «sectores que defienden explícitamente que debe conseguirse de manera inmediata y perseverando en el mecanismo de secesión contrario a las normas penales». Algo, que este documento alimenta, ya que el proceso constituyente colindaría con nuevas irregularidades.
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