La Audiencia abre diligencias por la presunta financiación irregular de UGT

La supuesta financiación irregular de UGT a través de los cursos de formación ha llegado a la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha abierto diligencias previas tras recibir una denuncia del sindicato Manos Limpias contra el secretario general del sindicato, Cándido Méndez; su tesorero, Antonio Retamino, y los responsables del Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES) y de dos empresas filiales, Localmur y Formación 2020, por falsedad en documento mercantil, estafa, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y delito contra la Hacienda Pública. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia dicto ayer un auto en el que da traslado a la Fiscalía de la denuncia –para que se pronuncie sobre la competencia del tribunal para investigar los hechos y las «diligencias a practicar»–, dado que, según el magistrado, los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

Pedraz sostiene en su resolución que, «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias» de los hechos denunciados «ni las personas que en ellos han intervenido», procede abrir diligencias previas y practicar aquellas que se consideren «esenciales» encaminadas a «efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable». Ahora, será la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que informe al juez sobre la procedencia de abrir una investigación, aunque si la denuncia prospera, probablemente sea Anticorrupción quien finalmente se persone en el procedimiento. Aunque no hay plazo para que el Ministerio Público se pronuncie, según fuentes jurídicas ese dictamen se podría remitir al juez esta misma semana.

En su denuncia, Manos Limpias hace referencia a una información del diario «El Mundo» y denuncia un «entramado societario opaco entre UGT y el Instituto para la Formación y Estudios Sociales y las filiales Formación 2020 y Localmur» que califica de «ingeniería financiera» y «contabilidad creativa», de la que el sindicato se habría servido «para quedarse con las ayudas». Según la asociación querellante, el IFES (del que es propietaria al 100% UGT, recalca) recibió en 2012 más de 48 millones de euros y las dos filiales referidas, dedicadas al alquiler de locales y a la intermediación en la compra de libros, «acumulan un patrimonio de 13,2 millones de euros». UGT, añade Manos Limpias, mantiene con IFES (que comparte tesorero con UGT) «una deuda de 23,3 millones de euros».

Según el sindicato querellante, UGT «disfraza como coste asociado unas comisiones (se queda con un 15% de las subvenciones de esos cursos y el IFES, con un 4%) que sólo en el año pasado ascendieron a nueve millones de euros», lo que supone, añade, que «ha convertido los cursos de formación en un superbote».

IFES tiene implantación en once comunidades autónomas (lo que según Manos Limpias justifica que sea la Audiencia Nacional la que asuma la competencia para investigar los hechos denunciados) y en las federaciones de trabajadores de enseñanza, metal, transportes, comunicación y mar del sindicato. Algunos cursos, denuncia, son «insólitos y verdaderamente descarados»: risoterapia, control de estrés, paquetería creativa, arte floral y cortador de jamón.

«Correligionarios»

Para la asociación querellante, las empresas denunciadas son «oficinas de contratación de correligionarios del sindicato y del Partido Socialista» y, como ejemplo, aduce «la contratación de José María Morichi, marido de Susana Díaz, actual presidenta de la Junta de Andalucía, en el IFES».

El escrito relata que UGT «manipuló los concursos para quedarse con las ayudas», supuestamente pidiendo a «empresas amigas» que presentasen «ofertas más altas para que los cursos de formación los ganase siempre el IFES», a quien acusa de «inflar» facturas hasta en un 333% en material didáctico para esos cursos.