Conflicto de Gibraltar
La Fiscalía investiga el tráfico de arena protegida de Tarifa para el relleno de Gibraltar
Picardo sostenía que procedía de una cantera y no de una playa, pero hay pruebas de que se ha sacado de las dunas de Valdevaqueros. Las denuncias muestran la entrada de camiones en el Peñón con material de las dunas de Tarifa
La Fiscalía General del Estado ha remitido al presidente de Verdemar-Ecologistas en Acción, Antonio Muñoz, acuse de recibo de la denuncia presentada el pasado 17 de julio por dicha organización ante «un presunto delito de hurto agravado y otros, por la introducción de arena de la duna de Valdevaqueros –en Tarifa, Cádiz– en Gibraltar».
En el escrito, rubricado el 2 de agosto por el fiscal adscrito de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Germán Gutiérrez, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se comunica que se han incoado diligencias informativas, es decir, que lo advertido por los ecologistas se investiga.
En el texto originario, Verdemar mantiene que «se ha estado extrayendo arena de la duna de Valdevaqueros –espacio protegido al integrar la Red Natura 2000 del Estrecho Occidental y Reserva de la Biosfera– y vendiéndola en Gibraltar». ¿Con qué fin? Para «regenerar playas ganadas al mar en la zona este del Peñón».
Una acción de la que los activistas gaditanos han prevenido a la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea y a distintas autoridades nacionales en múltiples ocasiones. En concreto en el escrito enviado al Ministerio Público hace poco más de un mes, se indicaba que «para introducir arena de la duna de Valdevaqueros en Gibraltar», a golpe de rueda de camión, se había tenido que «falsear la documentación y la procedencia» de la misma. Y se añadía: «Vender arena de la duna de Valdevaqueros ilícitamente y pasarla por la frontera de Gibraltar con una posible documentación de trazabilidad falsa, puede ser un delito de hurto agravado de conformidad con el artículo 349 y 351 del Código Penal (Ley 599 del año 2000 artículos 239 a 241) además de un delito de falsedad en documento público del artículo 392 del Código Penal».
Para soportar sus argumentos, la organización «verde» aportó documentación anexa como «un oficio de Gibraltar que demuestra la compra de arena» procedente en teoría del espacio natural protegido, fotografías de «camiones saliendo de la duna» y de los depósitos arenosos situados ya en el Peñón, así como varias de las quejas sobre este asunto elevadas a distintas autoridades nacionales y europeas, según explicaron a este periódico fuentes de Verdemar.
Tras hacerse pública la denuncia que ahora ha admitido a trámite la Fiscalía, el Ejecutivo de Fabian Picardo reaccionó y admitió en un comunicado que firmó un contrato con la empresa Van Oord (Gibraltar) el 19 de abril de 2013 para la colocación de 10.000 toneladas de ese material en la playa «Sandy Bay».
Según el Gobierno de La Roca, dicha sociedad contaba con los permisos necesarios expedidos por el Ayuntamiento de Tarifa y suministró un total de 2.950,23 toneladas. Pero los trabajos no transcurrieron al ritmo esperado y se buscó a otro proveedor: la empresa española GC Ingeniería y Obra Civil SL con la que se contrató la provisión de otras 7.000 toneladas de arena procedentes, según Picardo, de una cantera situada en la provincia de Cádiz y no de una playa. La provisión de ese nuevo material se inició el 12 de junio de 2013 y terminó el 1 julio de 2013, cuando se cumplió con la cantidad prevista.
O sea, el Peñón admitió la entrada en sus límites geográficos de un total de 9.950,23 toneladas de arena. Si bien, desde la colonia británica se señaló que «cualquier sugerencia de ilegalidad» debía «dirigirse» a «las autoridades pertinentes en España, en concreto Tarifa».
Al margen de lo aseverado desde Gibraltar, la Fiscalía indaga el papel desempeñado por los distintos actores en los supuestos delitos desvelados por los conservacionistas.
Muñoz está convencido de la venta ilícita de la tierra de la duna tarifeña con un fin: regenerar las playas gibraltareñas y realizar rellenos de tierra en el mar en la cara este del Peñón. «No es la primera vez que lo hacen», desliza, «pero afortunadamente en esta ocasión los hemos cogido», proclama.
Pide a la Fiscalía que «revise todos los controles del paso de camiones, que en teoría tienen que contar con el permiso de la Junta y, sobre todo», puntualiza, que «investigue la procedencia de la carga». «Valdevaqueros es un tesoro natural y su arena tiene un valor incalculable», remata.
El azote del medio ambiente
El comercio ilícito de arena no es la única denuncia de Verdemar-Ecologistas en Acción ligada a Gibraltar. Llevan años advirtiendo de que la Roca lleva a cabo «rellenos» de tierra ganada al mar en una zona, al este, que forma parte del LIC del Estrecho Oriental y es de especial conservación. El «bunkering», el trasvase de fuel en el mar, es otro de sus caballos de batalla.
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