La Fiscalía no ve posible encarcelar aún a los etarras «Santi Potros» y Plazaola

La Fiscalía asegura que «no es posible» ordenar el ingreso en prisión de los etarras Santiago Arrospide «Santi Potros» y Alberto Plazaola hasta que el Tribunal Supremo no resuelva los recursos presentados por el propio Ministerio Público contra su liberación.

La Fiscalía asegura que «no es posible» ordenar el ingreso en prisión de los etarras Santiago Arrospide «Santi Potros» y Alberto Plazaola –en libertad desde el pasado diciembre después de que la Audiencia Nacional les descontase de su condena los años encarcelados en Francia– hasta que el Tribunal Supremo no resuelva los recursos presentados por el propio Ministerio Público contra su liberación. El fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, contesta así a la petición del presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero, quien le reclamó por carta la «detención inmediata» de ambos terroristas después de que el Supremo rechazase el pasado martes la interpretación de algunos jueces de la Audiencia Nacional de que la aplicación de una normativa europea de 2008 obliga a descontar de sus condenas a los terroristas las penas cumplidas en el país vecino.

Con ese criterio «muy discutible», dice el fiscal, la sección primera dejó en libertad a «Santi Potros» y Plazaola en diciembre del pasado año, al considerar que los dos etarras habían extinguido sus condenas tras computarles las cumplidas en Francia. En la misiva remitida a Portero, Zaragoza recuerda que la Fiscalía «no ha compartido» esa interpretación, por lo que interpuso sendos recursos de casación ante el Supremo todavía pendientes de resolución. Pero, aclara a las víctimas, «al ser el auto recurrido una resolución que acuerda la libertad por cumplimiento definitivo de la pena no es posible judicialmente adoptar medida cautelar alguna» contra los dos etarras. «Es necesario –recalca– esperar a que el Tribunal Supremo estime el recurso y revoque la resolución recurrida para que se produzca el reingreso en prisión» de ambos para que cumplan el resto de sus condenas (hasta 2025 en el caso de «Santi Potros» y 2026 en el de Plazaola).

Zaragoza hace referencia a un informe firmado por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, en el que éste asegura que la resolución del Supremo del pasado 13 de enero (en la que los magistrados se pronunciaban en contra de la acumulación de penas al también etarra Kepa Pikabea) «ni ha sido notificada, ni se encuentra escrita, ni se han aportado los presuntos votos particulares». Alonso subraya que «en virtud de una mera noticia de prensa no se puede adoptar medida cautelar alguna y menos que puedan restringir la libertad».

Al mismo tiempo, recuerda que en aquellos supuestos en los que una resolución judicial acuerda la extinción de una condena y la puesta en libertad de un preso «la ejecutoriedad de la misma es inmediata». En el estado actual de la causa, concluye en su informe el fiscal Alonso, «no existe amparo legal alguno para la adopción de medidas cautelares» respecto a «Santi Potros» y Plazaola, «debiendo estarse a la resolución que de cada recurso realice el Tribunal Supremo», que tras resolver el de Pikabea agilizará los pronunciamientos sobre el resto de etarras en similar situación.

«Santi Potros» fue condenado a 3.122 años de cárcel, entre otros por el atentado en el Hipercor de Barcelona en 1987, que costó la vida a 21 personas.

Bermúdez no aprecia delito en el vídeo de «la tuerka»

«Con independencia de que guste o no» y pueda resultar «ofensivo», el sketch en el que Facu Díaz –director y guionista de «Tuerka News», la cadena en la que también colabora Pablo Iglesias– comparaba al PP con ETA «no desacredita, menosprecia o humilla a las víctimas del terrorismo». Con este argumento, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez archivó ayer la investigación abierta contra Díaz a raíz de una denuncia de Dignidad y Justicia. El humorista explicó al magistrado que la parodia se realizó la semana que se puso en marcha la «operación Púnica» y sólo pretendía «denunciar la corrupción». «No había ninguna intención de humillar a las víctimas», recalcó antes de expresar su solidaridad «con cualquier tipo de víctimas y cualquier tipo de terrorismo».

Su intención era, dijo el juez, «criticar, desde el humor y usando la sátira, la corrupción, en este caso del Partido Popular».

Y eso al margen, según Gómez Bermúdez, del «buen o mal gusto de la escenografía usada» (propia de los comunicados de ETA) o del uso «de algo tan terrible como el terrorismo para hacer un espacio de humor».

Tras su declaración, Díaz dialogó a las puertas de la Audiencia con Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, asociación que le denunció. «Sólo pedimos que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir», le espetó Portero, para quien el honor de Ortega Lara «se vio dañado» por la parodia (en la que el humorista se refería a los militantes del PP que se han pasado a Vox o UPyD por la corrupción). «Disculpa que se haya interpuesto esta denuncia», le aseguró antes de precisarle que «no hubo ninguna intencionalidad política», sino sólo el afán de defender a las víctimas. «Si el PP se siente ofendido, que vaya a los tribunales», añadió. «Si no tiene intencionalidad política, la próxima vez no le llame “denuncia Podemos”», le replicó Díaz.