La Fiscalía reducirá su petición de responsabilidad civil a la Infanta

Horrach rebajará los 587.413 euros que solicita al entender que Hacienda excluye incluso su responsabilidad subsidiaria

El informe de Hacienda que esgrimió por sorpresa el fiscal del «caso Nóos» en la primera sesión del juicio el pasado día 11 tendrá consecuencias en el escrito de conclusiones definitivas de Anticorrupción al margen de que el tribunal acuerde o no mantener en el banquillo a la Infanta Cristina. Tras el dictamen de la Agencia Tributaria –que considera que a la hermana del Rey ni siquiera se le puede atribuir la comisión de una infracción administrativa–, el fiscal Pedro Horrach rebajará la cantidad que reclama a la Infanta, 587.413,58 euros, como partícipe a título lucrativo de los fondos que percibió Aizoon (la empresa que compartía al 50% con Iñaki Urdangarín) de origen supuestamente ilícito.

La cantidad solicitada por el fiscal se obtiene de la suma, por un lado, del dinero que percibió Aizoon del Instituto Nóos (837.638 euros), proveniente a su vez del supuesto desvío de fondos públicos de las administraciones balear y valenciana; y, por otro, del fraude en el IRPF de 2007 y 2008 que Anticorrupción atribuye al antiguo duque de Palma (182.005 euros y 155.138, respectivamente), por tributar a través del Impuesto de Sociedades (más benévolo desde el punto de vista fiscal que el IRPF) sus ingresos por asesorías a diversas empresas.

Todo ese montante, 1.174.781 euros, argumenta el fiscal, nutrió los fondos de Aizoon y fue utilizado por los cónyuges para gastos de carácter personal y familiar, de ahí que, aunque exculpe a la Infanta de cualquier delito, le reclame la devolución del 50% de esa cantidad, que Doña Cristina ya consignó el pasado diciembre en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.

Si la Agencia Tributaria concluye que la hermana del Rey no cometió ninguna infracción administrativa, ni siquiera con carácter solidario ni subsidiario (en este último caso, si no ejercía como administradora o llevó a cabo actos de gestión de la sociedad), Horrach entiende que esa cantidad debe ser rebajada dado que se corresponde, en parte, con el fraude fiscal que se imputa a Urdangarín, confirmaron fuentes jurídicas.

Aunque la cantidad definitiva todavía es una incógnita, el fiscal del «caso Nóos» recalculará ese montante y modificará, previsiblemente, su escrito de conclusiones en este sentido, incorporando una cifra más acorde a la responsabilidad tributaria de la Infanta de acuerdo a los parámetros de Hacienda.

En ese informe, la responsable de la Unidad Central de Coordinación de Delitos contra la Hacienda Pública analiza las responsabilidades tributarias que se derivan de un supuesto idéntico al de los antiguos duques de Palma: cuando un contribuyente (Urdangarín) utiliza a una empresa (Aizoon, en este caso) para tributar ingresos personales a través del Impuesto de Sociedades y no en el IRPF. Para la Agencia Tributaria –que contestó por escrito el pasado noviembre a las dudas planteadas por Horrach–, el infractor es quien habiendo obtenido las rentas «no las declaró bajo su titularidad, sino bajo la titularidad de la sociedad». ¿Qué sucede, entonces, con los socios de la empresa utilizada como sociedad pantalla para el fraude? Hacienda no considera infractor a un socio «por el mero hecho de serlo, si no es el titular de esas rentas». Y eso, precisa, «con independencia de que ejerza, o no, funciones de gestión en la sociedad».

Funciones de gestión

Esto último, sin embargo, sí es relevante para atribuir una posible responsabilidad subsidiaria, que Hacienda sólo advierte en el caso de que el socio sea el administrador de la empresa o ejerzan funciones de gestión en la misma.

Para la autora del informe –quien a petición de Horrach declarará en la vista oral sobre el contenido del dictamen–, en los delitos correspondientes al IRPF el autor material es «normalmente el propio contribuyente». Asimismo, quienes no sean ni administradores de la sociedad ni participen en su gestión «no parecen tener encaje en ninguno de los supuestos de responsabilidad penal».

Después de que Horrach reclamase a la Infanta esos 587.413,58 euros en su escrito de conclusiones provisionales en diciembre de 2014, la defensa de Doña Cristina apenas tardó en una semana en consignar de forma cautelar ante el juzgado esa cantidad.

Por su parte, la Abogacía del Estado únicamente reclama a la Infanta 168.571 euros como partícipe a título lucrativo (la mitad del montante supuestamente defraudado al fisco por su marido en 2007 y 2008).

Su defensa cifra el beneficio en 347.712 euros

Los abogados de la Infanta aportaron el pasado día 11 a la causa un informe pericial –realizado por dos economistas– que cifra la presunta participación a título lucrativo de la hermana del Rey en Aizoon en 347.712 euros, 239.701 menos que los 587.413,58 euros que el fiscal le reclama. El dictamen incide en el hecho de que en 2006 Aizoon dejó de facturar a Nóos, por lo que la facturación posterior no puede ser considerada «de origen ilícito». El informe desglosa el posible beneficio en 76.543 euros en gastos, 168.629 por disfrute de activos societarios fungibles y otros 102.540 por patrimonio remansado en activos societarios no fungibles y en activos líquidos netos.