La fusión de ayuntamientos ahorrará 8.000 millones

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que prevé ahorrar unos 8.000 millones hasta 2016 y conseguir una gestión local más ágil y eficiente.

El proyecto de reforma local pasó ayer su último filtro en el Consejo de Ministros antes de ser remitido a las Cortes Generales. Casi por estas mismas fechas esta iniciativa echaba a andar hace un año en otra reunión ministerial, pero las presiones políticas y la falta de acuerdo en la negociación han ido retrasando su aprobación meses y meses.

Por fin ayer vio la luz el texto definitivo que se tramitará en el Congreso. Ha sufrido modulaciones y el Gobierno ha aceptado también hacer algunas cesiones para conseguir el apoyo de la mayoría de los alcaldes; en aras de buscar más consensos en el Congreso; y también por recomendaciones del Consejo de Estado. El PSOE mantiene su rechazo a este proyecto, del que el Ejecutivo ha eliminado su pretensión inicial de establecer un coste estándar de los servicios públicos, de tal manera que aquellos municipios que no se ajustasen a él fuesen dirigidos a la fusión o a ceder sus competencias a las Diputaciones.

Plazo de tres meses

En el último texto, ese coste estándar se sustituye por la obligación de que todos los ayuntamientos publiquen en un plazo de tres meses desde que se apruebe la ley el coste de todos sus servicios. Y esto será un criterio más a considerar en el caso de que ese municipio no se ajuste a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Hacienda tenga que intervenir y plantear la posible acumulación de la prestación de esos servicios en el órgano superior, que sería la Diputación provincial. No habrá fusiones obligadas, sino recomendaciones en esa dirección. Y el Departamento que dirige Cristóbal Montoro las incentivará con beneficios financieros para aquellos que opten por ese camino y eviten así la dispersión administrativa, que es tan costosa.

Entre esos beneficios está la mayor financiación per cápita; la dispensa temporal para no prestar los nuevos servicios que pudieran ser obligatorios por su aumento poblacional o una preferencia temporal en planes de cooperación local de infraestructuras.

Montoro explicó que prevén un ahorro de unos 8.000 millones de euros hasta 2019, y que el mayor ahorro se empezará a dejar notar a partir de 2015. Las primeras estimaciones del Gobierno anticipaban más de 7.000 millones de euros entre 2013 y 2015. Ayer el ministro de Hacienda resaltó que la esencia de este proyecto es la delimitación de las competencias entre la Administración local y autonómica y ganar en eficiencia, más que la cuestión puramente económica. «Estamos delimitando y clarificando las competencias de las administraciones locales y las regionales. Esta ley responde a la necesidad de ordenar las actividades del sector público», explicó.

La reforma local interviene en las competencias impropias de los ayuntamientos, regulando las que corresponde a cada Administración: las propias y las delegadas. La delegación de competencias por convenio al municipio deberá ir acompañada de la financiación íntegra de la misma, siendo Hacienda la encargada de velar porque esto se cumpla. A los municipios se les limita el alcance de las competencias a temas de interés exclusivamente local en vivienda, turismo, servicios sociales, sanidad y educación. Así, por ejemplo, las comunidades deberán asumir en un plazo de cinco años las competencias relativas a la participación en la gestión de la atención primaria. También las que afectan a la prestación de los servicios sociales y de reinserción social, reordenación para la que se da un año de plazo. En seis meses tendrán que asumir las competencias de inspección sanitaria (mataderos, industrias de alimentos y bebidas, que hasta ahora cubrían ayuntamientos de mayor tamaño).

El proyecto mantiene el principio de reforzar a las Diputaciones Provinciales, que coordinarán servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Asimismo, establece un régimen retributivo de los cargos públicos de acuerdo con la población y con un máximo de cien mil euros brutos anuales de sueldo para los alcaldes de más de 500.000 habitantes (en la horquilla de un secretario de Estado). También impone límites en función de criterios poblacionales al número de cargos representativos locales que pueden ejercer sus funciones en régimen de dedicación exclusiva.