La Generalitat ha intervenido la Mutua Previsora de Barcelona tras detectar "una gestión poco diligente"en los contratos del plan "vejez", un producto que permitía a los mutualistas hacer una aportación mensual que recuperaban en forma de renta al jubilarse.

El departamento de Economía ha decidido aplicar "medidas cautelares"sobre esta mutua, que opera desde 1935, y ha nombrado a la sociedad BDO Auditores administradora provisional de la entidad, en sustitución de la junta directiva.

Según publica hoy el Diario Oficial de la Generalitat, los nuevos administradores provisionales, Alberto Ferrando y Cristina de la Parra, tienen que elaborar en el plazo de un mes un informe sobre la situación real de la entidad.

La conselleria ha tomado la decisión de intervenir la Mutua Previsora de Barcelona después de que la Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro, en calidad de órgano supervisor, detectara deficiencias en la gestión de las medidas que la entidad acordó en 2010 y 2012 para garantizar las provisiones para la prestación de este plan de pensiones.

A la espera de conocer el informe que elaboren los administradores provisionales, la Generalitat ha instado a la mutua a cancelar todos los contratos de la prestación "vejez", estableciendo el 30 de abril de 2013 como fecha de vencimiento anticipado de los contratos vinculados a este plan.

La conselleria ha subrayado en un comunicado que esta decisión no afecta a las otras ramas de actividad de la mutua, vinculadas a otras modalidades de jubilación y a la salud, los accidentes y fallecimientos.

"El objetivo de la Generalitat, como órgano supervisor, es proteger y velar por los derechos de todos los mutualistas", ha remarcado.

La ley actual, que data de 1984, establece que cada mutualista se tiene que garantizar, con sus aportaciones, el capital que cobrará en la vejez, mientras que con anterioridad eran las aportaciones de unos mutualistas las que servían para cubrir las prestaciones de los jubilados.

El Govern ya advirtió a la mutua de que hiciera las provisiones necesarias de acuerdo con la nueva ley, para lo cual la Mutua Previsora de Barcelona aprobó dos planes de viabilidad los años 1991 y 2004.

Después de una inspección financiera en el año 2009, en la que la Generalitat ya detectó problemas en la gestión de estos planes de pensiones, la entidad aprobó un conjunto de medidas en sendas asambleas generales de mutualistas celebradas en 2010 y 2012 "que no se llegaron a implementar debidamente".

El informe que realicen los nuevos administradores deberá hacer también referencia a la forma como se han gestionado los acuerdos que se adoptaron en estas asambleas, según la conselleria que dirige Andreu Mas-Colell.