La Junta permitía las comisiones pese al perjuicio económico

La Junta de Andalucía «consentiría» estos hechos que constituyen un «claro perjuicio del erario público», así como la inclusión en los expedientes de intrusos. Entre ellos, esposas de sindicalistas y amigos de Juan Lanzas, como César Braña, fallecido consejero delegado incluido en el ERE de Hamsa y «antes gobernador civil por el PSOE de Burgos y Cádiz», sostiene la jueza Alaya en un auto consultado por LA RAZÓN. En este contexto, la sobrecomisión habría dejado de ser algo que pasara «desapercibido» para convertirse en «el verdadero alimento de una trama corrupta del que se nutren no sólo la mediadora, sino, presuntamente, y a espaldas de ésta, sus principales responsables», según la magistrada. La investigación ha podido comprobar cómo se inflaban las comisiones, que en algunos casos superaban el 20% para que todos los actores de la trama corrupta pudieran beneficiarse. La jueza señala que las mediadoras, principalmente Vitalia y Uniter, las dos habituales en todas las operaciones, «corrompían» a cargos públicos y los sindicatos buscaban «nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio». A través de esta trama se organizó un procedimiento perfectamente dispuesto, que ha supuesto un gran quebranto a las arcas públicas. La Junta transfirió más de mil millones de euros para prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis durante la década en la que se encabalga la investigación. Los hechos se remontan a 2001 porque es en ese año cuando la Consejería de Trabajo y un ente instrumental, el IFA, firman un convenio para deslizar el dinero a través de una fórmula que resultó irregular: la transferencia de financiación de explotación. Esta fórmula opaca permitió que sólo las personas próximas al PSOE, a la Junta y a los sindicatos se enteraran de la existencia de las ayudas. Lo que explica, por ejemplo, que durante la etapa de Guerrero, de 75 millones en subvenciones a empresas, 50 se localizaran en la Sierra Norte de Sevilla, de donde él procede. Ahora la investigación da un salto, porque no se trata solamente de una red clientelar, sino que existía todo un aparataje corrupto para el reparto ilegal de las comisiones. Perfectamente organizado, con el concurso de empresas pantalla, testaferros, gabinetes jurídicos, personas que hacían de correos para llevar el dinero, paraísos fiscales a los que también sigue el rastro la Guardia Civil y facturas falsas que se usaban para intentar introducir el dinero ilícito en el cauce legal.