La respuesta de los CDR: Campaña de «escraches» a la Guardia Civil

Los Comités de Defensa de la República del PDeCAT, ERC y la CUP impulsan desde hoy un plan de hostigamiento a las Fuerzas de Seguridad del Estado

Cartel en el que se anuncia que se va a «envolver» el cuartel
Cartel en el que se anuncia que se va a «envolver» el cuartel

Los Comités de Defensa de la República del PDeCAT, ERC y la CUP impulsan desde hoy un plan de hostigamiento a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los Comités de Defensa del Referéndum (CDR), integrados por, entre otros, PDeCAT, ERC, CUP, sus juventudes Arran y otros grupos independentistas, se han reconvertido, con las mismas siglas, en Comités de Defensa de la República, según han informado a LA RAZÓN fuentes que siguen de cerca el proceso soberanista catalán.

Sin abandonar la «careta» de pacifistas, cuya duración estará supeditada a los acontecimientos pero que no cambiará, al menos, hasta que entren en vigor las medidas anunciadas ayer por el Gobierno, han comenzado a convocar una serie de concentraciones contra las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En concreto, para hoy por la tarde, pretenden «envolver» cuarteles de la Guardia Civil, entre ellos el de Sant Vicent dels Horts, del que fue alcalde el vicepresidente Oriol Junqueras.

El lema es el ya conocido de que con la república serán más felices. Para ello, las instalaciones de la Benemérita serán convertidas en viviendas sociales.

En la convocatoria se dice que «no queremos agentes de la Guardia Civil y queremos convertir los pisos del cuartel en viviendas sociales. Unidos en la lucha. Porque la república es una oportunidad de mejorar las condiciones materiales de vida de la gente. El domingo (por hoy) por la tarde todos a envolver el cuartel. Tenemos que ser muchos».

Aunque se presenten como escraches pacifistas para rodear cuarteles, el hecho de titularlos «acciones directas» resulta preocupante. Es cierto que la profesionalidad y disciplina de los agentes de la Guardia Civil garantiza, al menos por parte de ellos, que no se van a producir hechos violentos, pero el convocar este tipo de concentraciones en las que, por mucho que se diga, siempre se puede «colar» un exaltado o más, constituye un acto de irresponsabilidad y clara provocación.

Lamentablemente, en los últimos años se han producido incidentes en País Vasco y Navarra, dentro de la campaña «Alde Hemendik» («Iros de aquí») que, como ocurrió en Alsasua, pueden terminar en actos violentos, como el linchamiento de dos agentes por parte de independentistas.

En definitiva, como ya ha ocurrido en Cataluña con los ataques contra los hoteles donde se alojaban agentes de las Fuerzas de Seguridad, se trata de articular una campaña de hostigamiento con la que, se admita o no, se busca una reacción (que siempre sería presentada como desproporcionada y como un ataque al pueblo) por parte de dichos agentes.

El independentismo catalán ya tiene a sus dos primeros «mártires» encarcelados, los «jordis», dirigentes de ANC y Omnium, pero la farsa de las decenas de heridos para culpar de las Fuerzas de Seguridad (incluida la mujer que se equivocó de mano al vendarse los dedos supuestamente rotos por los agentes) no les ha salido bien.

La estrategia, sobre todo con vistas a la opinión pública internacional, es enfrentar pacifismo (los independentistas) con violencia (España y sus Fuerzas de Seguridad). Que «buscan un muerto» es algo que se ha comentado en varias ocasiones desde que el conflicto cobró fuerza a partir de los primeros días de este mes.

Las quejas de Junqueras

El Ayuntamiento de San Vicen dels Horts, del que era entonces alcalde el vicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras, reclamó en 2012 la cesión del edificio del cuartel de la Guardia Civil para usos sociales. Argumentaba que la Benemérita no presta servicio en la localidad y las dependencias se encuentran en suelo municipal. En el recinto hay un centenar de viviendas que ocupan miembros del instituto armado.

El Consistorio lo gobernaba en esas fechas ERC gracias a un acuerdo con ICV y CiU. Aseguraban entonces que los ocupantes de las viviendas del cuartel estaban exentos del pago de impuestos.

«Hay un centenar de viviendas aproximadamente en el recinto, no lo sabemos con certeza porque como no pagan impuestos no disponemos de esta información», protestó el primer teniente de alcalde, Jordi Soto.