Las «redes clientelares» de Granados se hicieron con contratos de hasta 100 millones

Las “redes clientelares de tráfico de influencias” desarticuladas en la «operación Púnica», constituidas en torno al exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Así consta en el auto dictado este miércoles por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que señala que Granados formaba parte de “una red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como conseguidores para terceras empresas a cambio de una comisión pactada”.

La resolución judicial apunta que las “autoridades municipales” detenidas -entre los que se encuentran los alcaldes de Parla, José María Fraile (PSOE), y Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP), en prisión eludible bajo sendas fianzas de 60.000 euros- “se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contratos previos”.

Una lista de once delitos

Los detenidos, a los que se imputan once delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal, formaban “una trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos”.

También se adjudicaban, según el juez, “aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios públicos de muy diverso tipo que, dependiendo de las autoridades públicas, actúan en beneficio de personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama”.

De esta forma, en los ayuntamientos donde la trama operaba (Valdemoro, Parla, Collado Villalba, Móstoles, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Serranillos del Valle y Almendralejo) “se instrumentaron procedimientos de contratación pública concertados con empresas de la órbita de los investigados”.

Los miembros de la red, que también operaron en varias áreas de la Comunidad de Madrid, el Instituto de Turismo y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y la Diputación de León, influían “a lo largo de todo el expediente de contratación desde su preparación y redacción hasta la valoración de las ofertas y la adjudicación”.

Blanqueo internacional

La investigación se inició a partir de una comisión rogatoria que las autoridades suizas cursaron el día de Nochebuena de 2013 tras detectar varias cuentas sospechosas de Granados; su esposa, Nieves Alarcón; el empresario y ‘conseguidor’ David Marjaliza; su mujer, Adela Cubas; y la sociedad Sheraton Trading.

Estas pesquisas, según el auto, han permitido “cerrar el círculo de la operativa de blanqueo en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación”.