Los barones mantienen su «cordón sanitario» a Sánchez

La decisión del presidente Ximo Puig de disolver las Cortes Valencianas y convocar elecciones autonómicas en esta comunidad para el 28 de abril propicia la coincidencia electoral que algunos barones territoriales del partido habían intentado evitar por todos los medios. Durante el periodo de reflexión que se impuso Pedro Sánchez sobre si debía aguantar o anticipar las urnas, fueron diversos los presidentes territoriales del PSOE que clamaron en público y en privado por su «independencia» para que el debate autonómico y local no se viera «contaminado» por el nacional. Empezando por la propia Susana Díaz que antes de convocar el 2 de diciembre en Andalucía se ocupó de contar con el compromiso explícito de Sánchez de no hacer coincidir ambas elecciones. La ya ex presidenta no pudo sortear lo que sus compañeros socialistas con mando en plaza quieren evitar de cara al 26-M: que sus campañas queden eclipsadas por el discurso nacional y, en esencia, por Cataluña y la gestión que desde La Moncloa se ha hecho de esta crisis.

Sin embargo, Ximo Puig, no ha optado por esta vía y pretende aprovechar el «impulso de los comicios nacionales». Con un PSOE a la cabeza de las encuestas y con sus socios de Compromís y Unidos Podemos en horas bajas, la realidad de la Comunidad Valenciana no es equivalente a la de otros territorios en los que también gobierna el PSOE y que, por ende, se enfrentan al reto de revalidar su poder en las urnas. A esto atribuyen en estos feudos el paso adelante de un Puig, que «siempre anduvo barruntando el adelanto». Sus compañeros encuadran el movimiento en la posibilidad de concentrar el voto de izquierda, en torno a su candidatura, en forma de voto útil. «La única alternativa para hacer frente a la derecha», señalan.

Las circunstancias de la Comunidad Valenciana casan con las de Baleares y no así con las de Aragón, Extremadura o Castilla-La Mancha, aunque el objetivo sea común: mantener el gobierno. La presidenta balear, Francina Armengol, también ha tenido que contener la presión interna que la empujaba a convocar el 28 de abril. Su situación es similar a la de Puig: apoyada por una sopa de siglas, necesita atraer el voto de izquierdas para poder plantar cara a la alianza que, eventualmente, sean capaces de tejer desde la derecha. Ambos territorios son más «sensibles» a la realidad de Cataluña y la operación de distensión con los soberanistas no genera tantaanimadversión como en el resto de territorios.

Aragón se mueve entre dos aguas. Llegó al poder apoyado por Podemos, por lo que sus opciones de mantenerse peligran ante la debacle de los morados, pero su firme compromiso con la unidad de España le obligan a marcar distancias con el Gobierno de Sánchez y con su estrategia de diálogo con los soberanistas. En esta línea se mueve también Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha). Ambos líderes se convirtieron en el azote territorial de la política de apaciguamiento del Ejecutivo, llegando incluso a pedir la ilegalización de los partidos independentistas o calificándoles de «cáncer» para la democracia. Ambos, también, se mostraron «encantados» de que las elecciones generales fueran en abril y no en mayo. En Extremadura, su presidente Guillermo Fernández Vara tampoco quería que el debate nacional «contaminara» el territorial. Tanto él como Page tienen serias posibilidades de ser primera fuerza y necesitan atraer al votante de centro para que no opte por Ciudadanos o por el PP. El diálogo con Cataluña es letal para su estrategia. Por contra, los candidatos territoriales que no gobiernan (Castilla y León, Murcia, Asturias, Cantabria, Navarra y Madrid) sí querían un «superdomingo», conscientes de que sus opciones electorales se verían acrecentadas.