Los jueces piden un pacto de Estado por la Justicia y limitar los «viajes de ida y vuelta» de la judicatura a la política

Si hace pocos días todas las asociaciones judiciales reclamaron a los partidos un nuevo Pacto de Estado por la Justicia, ayer fueron todos los jueces decanos de España quienes se sumaron a esa petición, que pueda aumentar la «eficacia del trabajo judicial y que refuerce la apariencia de independencia a nivel judicial», según se recoge en las conclusiones de las jornadas nacionales que finalizaron ayer en Málaga.

En el documento aprobado por los jueces decanos, elegidos directamente por sus compañeros, se denuncia que el «transcurso de los años» ha puesto de manifiesto que en España «no existe una firme y decidida voluntad política para construir un Poder Judicial fuerte, moderno y eficaz», sino que, por contra, «sólo ha habido interés a al hora de establecer mecanismos institucionales de control o influencia».

Junto a ello, consideran del todo punto imprescindible reforzar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y en su órgano de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial. En relación con el CGPJ, los jueces decanos consideran que la elección parlamentaria de todos los vocales está siendo «muy perjudicial para la imagen de los jueces y de su independencia», por lo que reclaman que los once vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por los integrantes de la Carrera judicial «y no por el Poder Legislativo», pero, además piden que se «potencien sus competencias».

Por otro lado, consideran del todo necesario, e igualmente en relación con la imagen de politización de la Justicia, la regulación y limitación de las «puertas giratorias». En este sentido, sostienen que el «el trasiego de los jueces de la judicatura a la política, aunque poco frecuente, provoca un indudable daño a la imagen de la independencia e imparcialidad de los jueces», motivo por el que proponen «limitar estos viajes de ida y vuelta», lo que debe conllevar la oportuna reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

También reclaman que los indultos sean una «excepción» a las sentencias condenatorias y que sólo puede tener sentido «en casos muy excepcionales para mitigar la rigurosa o tardía aplicación de al Ley», pero, en todo caso, debería ser siempre motivado y que se requiera al menos el informe del tribunal sentenciador.

Respecto a la acción popular, los jueces abogan por mantener esta institución -recogida en la Constitución-, pero, eso sí, con “limitaciones” y una “adecuada” regulación “para evitar el mal uso de la institución”, y, de forma especial entienden que es imprescindible “reflexionar” sobre la personación de los partidos políticos en los procesos judiciales como acción popular.