Manos Limpias irá hasta el final para actuar por libre contra Begoña Gómez

Manos Limpias recurrirá en reforma la negativa del juez Juan Carlos Peinado a que pueda actuar contra la mujer del presidente del Gobierno desgajándose del resto de las acusaciones populares, que están unificadas bajo la dirección letrada de Hazte Oír, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes conocedoras del "caso Begoña Gómez".

En una providencia, del pasado miércoles y a la que ha tenido acceso este diario, el magistrado devuelve el escrito que presentó el sindicato, dado que "todos han de presentarse bajo la representación" de la mencionada asociación, en base a lo que resolvió la Audiencia Provincial de Madrid.

Por ello, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acuerda no "tener por constituida una nueva agrupación separada para el ejercicio de la acción popular".

Las mencionadas fuentes dan por hecho que el instructor responderá a las alegaciones confirmando su decisión y será, entonces, cuando el colectivo de funcionarios acuda ante la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, a fin de que revisé su "no".

La entidad de Miguel Bernad solicitó ir por libre en el procedimiento ante la "discrepancia jurídica profunda" que mantiene con el resto de las acusaciones populares (además de Hazte Oír, están personados Vox, Iustitia Europa, Movimiento Regeneración Política de España y Marco Antonio Caballero).

La tesis de Manos Limpias es que el procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez y del empresario Juan Carlos Barrabés es "prematuro" y que se debe dejar fuera del caso a la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, actualmente investigada por cuatro delitos.

Entiende esta parte que sería necesaria la práctica de nuevas diligencias de investigación dirigidas a dilucidar posibles responsabilidades penales (en un delito de malversación de caudales públicos) para la "autoridad" que le nombró como alto cargo de Presidencia del Gobierno y para la que "toleró" que participase en la actividad profesional privada que desarrollaba su jefa en la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El despacho Soriano i Piqueras, que lleva la representación de la entidad, insiste en que se debe tener en cuenta la utilidad del testimonio de Álvarez como testigo en esta línea de investigación y estima que no es "inverosímil" la posible existencia también de un delito de prevaricación.

"Lo que impediría por conexidad (con los ilícitos de malversación y tráfico de influencias) la continuación del procedimiento por los cauces del jurado", según defendió en su escrito.

El abogado de la asesora

Por su parte, el abogado de la asesora, José María de Pablo, ha advertido a través de su cuenta en "X" que el juez Peinado habría ido contra lo que establece la Ley del Jurado al acordar la práctica de una nueva diligencia en la misma resolución con la que procesó y solicita el escrito de conclusiones a las partes, antes de resolver si abre juicio oral.

Según expuso, el letrado va contra lo que establece la mencionada norma en su artículo 27.4, que establece que "si el juez considerase improcedentes las solicitadas y no ordenase ninguna de oficio, conferirá un nuevo traslado a las partes a fin de que insten, en el plazo de cinco días, lo que estimen oportuno de respecto a la apertura de juicio oral".

Sin embargo, el magistrado solicita en el mismo auto (conocido ayer) que las partes fijen su posición sobre el enjuiciamiento de los hechos y, como pesquisa, requiere a Lefebvre-El Derecho S.A. que aporte "las facturas de los servicios prestados para la cátedra" de la esposa de Sánchez.

Esta diligencia había sido solicitada por la acusación popular unificada en la vistilla con la que el juez Peinado informó a los tres imputados que les manda a un proceso con tribunal popular.