"La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no dispone de los medios técnicos y personales necesarios para proteger a empleados, instalaciones, bienes y equipos de los Servicios Centrales, de cualquier actividad delictiva o infracción; tampoco dispone de medios para identificar a los visitantes, empleados y personal autorizado a acceder a las instalaciones mencionadas, conforme a los protocolos de seguridad establecidos". Así certifica José Jesús Miranda Martínez, subdirector general de Planificación y Gestión Económica de esta Secretaría, la insuficiencia de medios para mantener la vigilancia en los servicios centrales.

Y es por ello que el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska se ha visto obligado a licitar la contratación de "diez vigilantes con arma" de una empresa externa para el servicio de vigilancia. El presupuesto base de licitación, que ya ha sido adjudicada, según consta en la plataforma de contratación del sector público, asciende a 1.289.833,86 euros (1.065.978,40 euros de presupuesto neto y 223.855,46 euros en concepto de IVA).

El contrato cuya duración será de dos años a contar desde el 17 de abril de este año o desde la fecha consignada en el contrato si la formalización fuese posterior. No obstante, entre las cláusulas de adjudicación se apunta que además de los costes, gastos generales de estructura, formación, imprevistos y beneficio industrial, las eventuales prorrogas del contrato y sus posibles modificaciones podrían elevar el coste hasta los 2.558.348,16 euros.

Desde Interior especifican que el precio del contrato se ha realizado "a tanto alzado", a partir del sueldo base y los complementos de los vigilantes de seguridad con arma que aparecen en el Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad para el año 2025. Asimismo, está previsto que el pago se realice en tres pagos: 401.281,65 euros este año; 644.916,93 euros en 2027 y 243.635,28 euros en 2028.

"Cesión ilegal de trabajadores"

En su escrito, el subdirector general de Planificación y Gestión Económica de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias deja claro que los pliegos del contrato se han redactado teniendo en cuenta las instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión "a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores". Porque, en todo momento, desde esta Secretaría se subraya la falta de medios para garantizar la "protección" de los empleados.

Pero más allá de la insuficiencia de medios técnicos y personales, este expediente de licitación se abrió tras la advertencia de que la última prórroga del contrato de servicio de vigilancia en los Servicios Centrales finaliza el próximo 16 de abril de 2026.

Según consta en el pliego de prescripciones técnicas, el objeto del contrato es el servicio de vigilancia y seguridad del edificio sede de los Servicios Centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, situado en la Calle Alcalá 38-40 de Madrid (dos vigilantes de seguridad con arma las 24 horas del día), y de las oficinas, aulas y dependencias de la sede del Centro de Estudios Penitenciarios, en la calle Cedaceros nº 11 (un vigilante de seguridad con arma 12 horas al día, de lunes a viernes), así como el control de los sistemas de seguridad y accesos a los mismos de personas, mercancías y vehículos.

Armas reglamentarias

La prestación del servicio incluye el control de inmuebles, dependencias y equipos. A saber: la apertura y cierre de los centros, la custodia de llaves y claves, inspección visual del buen estado de todo tipo de instalaciones y zonas comunes, así como la comunicación de cualquier incidencia o avería.

Los vigilantes contratados tendrán que identificar a los visitantes, empleados púbicos y personal autorizado para acceder al edificio o instalaciones. Se encargarán de la recogida y custodia, en su caso, de efectos portados por visitantes cuando sea preciso, y de la expulsión de personas por incumplimiento de la normativa aplicable al edificio o instalaciones.

El pliego de prescripciones técnicas también establece que "la empresa adjudicataria deberá prestar la colaboración que le sea requerida por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes".

Anexo importante es el que hace referencia al servicio con armas y que establece que los vigilantes, una vez finalizado el servicio, deberán depositar sus armas reglamentarias en los armeros ubicados en los edificios e instalaciones objeto del contrato, no pudiendo retirarse de esta ubicación salvo por motivos exclusivamente técnicos (reparación o ajuste, entre otros) o legales. Será la empresa, además, quien proporcione las armas y los correspondientes armeros, así como todos los elementos que sean necesarios para la "eficaz" prestación de su servicio (chaleco reflectante y silbato, entre otros).