Tras dos días de debate jurídico, los magistrados del Constitucional (TC) han evitado abordar en un comunicado la posición de la corte de garantías sobre la posibilidad de impedir a la Audiencia Provincial de Sevilla acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante sus sospechas de que las sentencias del TC sobre el fraude de los ERE, que anularon las condenas entre otros a los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, contravienen el derecho comunitario respecto a la persecución de la corrupción política y el desvío de fondos públicos.

Según las fuentes consultadas, magistrados conservadores han trasladado a Conde-Pumpido que "a los jueces no se les toca" y que "hay límites al supuesto poder omnímodo que quiso afirmar que tenía" durante su intervención en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid el pasado lunes.

El debate, que llevó al Pleno el presidente del TC, nacía ya muerto después de que el propio Cándido Conde-Pumpido renunciara a frenar la iniciativa de la Audiencia Provincial de Sevilla de plantear una cuestión prejudicial ante la Justicia europea, después de que cinco informes de letrados del TC le advirtieran de que no podía inmiscuirse en esa decisión y mucho menos tratar de evitar esa iniciativa, plenamente amparada por el derecho de la UE.

"No hemos adoptado acuerdo ni lo vamos a adoptar"

Después de que todos los magistrados se hayan pronunciado al respecto, el Tribunal Constitucional se ha limitado a informar de que "la reflexión continúa sobre un tema complejo y en evolución" que preocupa especialmente a Conde-Pumpido, para quien el recurso ante el TJUE pone en cuestión la jurisdicción del tribunal y debilita el carácter ejecutivo de sus resoluciones (el TC dictó sus sentencias sobre los ERE hace nueve meses y la Audiencia de Sevilla aún no ha redactado la nueva sentencia "light" que a instancias del TC debe suavizar las consecuencias penales de los delitos de prevaricación y malversación).

"El debate sigue abierto, entre las preocupaciones del tribunal", ha informado el TC, que deja claro que "no se ha adoptado decisión alguna". Ni rastro, por tanto, de un comunicado justificando los motivos para llevar al Pleno esta cuestión, ni siquiera en defensa de la jurisdicción del tribunal, que algunos de esos informes en ningún momento han visto peligrar por la decisión del tribunal de los ERE de poner en marcha el mecanismo europeo de revisión de las sentencias del Constitucional que anulan las condenas impuestas por la Audiencia de Sevilla y avaladas por el Tribunal Supremo.

Respecto a la nota difundida del TC, fuentes del bloque minoritario del tribunal matizan que "no hemos adoptado acuerdo ni lo vamos a adoptar".

Conde-Pumpido afirmó no tener una "posición previa"

Durante su intervención ayer en el Pleno, Conde-Pumpido se quejó -según las fuentes consultadas- de que los informes internos que rechazan que el TC pueda impedir a la Audiencia Provincial de Sevilla acudir a la Justicia europea se hayan difundido públicamente. El presidente del Constitucional aseguró que su único propósito al llevar esta cuestión al Pleno era propiciar "un debate" de carácter jurídico sobre un asunto relevante e "inédito" que entiende que cuestiona la jurisdicción del TC y hacer peligrar la ejecución de sus resoluciones.

Tras la polvareda que levantó el planteamiento de la cuestión, el presidente del TC matizó que no tenía ninguna intención de impedir al tribunal de los ERE que plantease una cuestión prejudicial, un asunto sobre el que según comentó a sus compañeros ni siquiera tenía una "posición previa".

Conde-Pumpido incluyó en el orden del día del Pleno un punto para estudiar el "planteamiento de cuestiones prejudiciales en la ejecución de sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Constitucional u otros tribunales superiores nacionales, con suspensión de la ejecución". El presidente del TC invocó el "deber de velar por el cumplimiento efectivo de nuestras resoluciones", establecido en el artículo 92.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y apeló a debatir los "efectos sobre el sistema interno de recursos jurisdiccionales".