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El ordenador del tesorero de las «mordidas» se halló en el despacho de Trías

Unas notas manuscritas delatan el cobro de comisiones del 3% en Convergència. La Guardia Civil registra las sedes de CDC y cuatro ayuntamientos. El «caso Palau» y el «caso Petrium» tienen un nexo común: Daniel Osácar

El juez encuentra pruebas del pago de comisiones a Convergència. Daniel Osácar, alejado del partido por el «caso Palau», comparte oficina con el ex alcalde de Barcelona. Una nota manuscrita del empresario Sumarroca, con los pagos anotados, llevó al registro de la sede de CDC

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La Policía entró en la casa de Jordi Sumarroca el 23 de julio. Fue detenido y no salió de prisión hasta mediados de agosto con una fianza de 600.000 euros. El empresario, hijo del fundador de Convergència Democràtica de Cataluña, del mismo nombre, y amigo personal de Jordi Pujol, tenía en su casa una caja fuerte. En el despacho de su empresa, Teyco, otra. En ambas, la Guardia Civil encontró unas notas manuscritas en bolígrafo que detallaban las partidas que se retraían –supuestamente– de los suculentos contratos de obra pública de la que era adjudicataria la empresa del Clan de los Sumarroca a la sombra de los gobiernos de Jordi Pujol y del poder municipal nacionalista. Estas partidas son sospechosamente parecidas a las «comisiones del 3%» y los contratos de obra pública estaban otorgados por la Generalitat y por ayuntamientos gobernados por Convergencia.

Según fuentes de la investigación, en la caja fuerte de Sumarroca se detallaban contrataciones entre el 2009 y el 2011 junto con las anotaciones manuscritas que planteaban pagos, supuestamente de comisiones del 3%, hasta marzo de 2014. Siguiendo esta pista, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción registraron durante ocho horas las sedes de la fundación de Convergencia –CatDem, antes Trías Fargas–, los ayuntamientos de Figueras, San Cugat del Vallès, Sant Celoni y Lloret de Mar, el núcleo del poder municipal de CDC. De allí se llevaron varias cajas con documentación y material informático. También, la Guardia Civil acudió al domicilio del que fuera todopoderoso hombre del dinero del partido de Artur Mas, Daniel Osácar.

Sin embargo, en su casa no encontraron su ordenador. Lo encontraron horas después cuando se desplazaron a la sede de CDC. Allí, según fuentes conocedoras del hecho, en el despacho del ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias, se encontraba el ordenador de Osácar. El hallazgo levanta suspicacias porque el ex tesorero no tiene ningún cargo en el partido desde que fue implicado en el «caso Palau» y porque, tanto el partido como el propio Artur Mas, se habían distanciado de él, señalándolo como único responsable de las finanzas, construyendo un cortafuegos para evitar la implicación de otros dirigentes de Convergencia, incluido el propio presidente del partido.

Su sustituto al frente de las finanzas fue Germà Gordó, el actual conseller de Justicia y secretario general de Presidencia en el primer gobierno de Artur Mas. La Guardia Civil también registró el despacho del actual responsable de las finanzas convergentes, Andreu Viloca. A lo largo del día se produjo otro hecho curioso. El que fuera director de la Catdem, Agustí Colomines, calificó la actuación policial de «show y numerito» aunque dio una pista a los investigadores cuando dijo que la documentación de la CatDem no estaba en su sede sino en «la sede de la calle Córcega», el cuartel general de CDC.

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Lo encontrado en la caja fuerte de Sumarroca por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción pone letra a la música que ya intuyó el juzgado de El Vendrell que investigaba al ex alcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, por los ingresos recibidos de Teyco –1,43 millones de euros– en sus empresas particulares. En el «caso Petrum», las comisiones provenían de la construcción de un parking público en este municipio de la Costa Dorada. A estas mismas conclusiones llegó la Fiscalía que consideró que estos pagos eran un vínculo entre Teyco y la financiación irregular de CDC. La misma música que sonó en el «caso Palau de la Música». Allí el juez encontró el mismo «modus operandi». En este caso, la empresa que desvió los fondos fue otra constructora: Ferrovial. Según el auto del juez, estos desvíos ascendieron a los 6,6 millones que acabaron en la fundación Catdem. El asunto está pendiente de juicio aunque ya han pasado seis años desde que los Mossos registraron el Palau y sus gestores, Felix Millet y Jordi Montull, siguen en la calle vivitos y coleando. Sólo una diferencia. En el caso Palau, las comisiones eran del 4%. Hasta ahora, ningún dirigente del partido ha sido acusado en esta operación, excepto Osácar, porque no se han encontrado documentos acreditativos de su conocimiento de los hechos. En este caso se encontraron otras «delicatessen» como los convenios entre CDC y la institución para «potenciar el canto coral en Cataluña». Cuando se descubrió, Mas y CDC se comprometieron a devolver el dinero.

A un mes de las elecciones, la Guardia Civil y la judicatura han puesto en tela de juicio la honradez de la que hace gala Mas. En estos momentos, varios jueces investigan las actividades de Jordi Pujol i Soley; las de sus hijos Jordi y Oleguer; el «caso de las ITV» que afecta al otrora omnipresete dirigente de CDC, Oriol Pujol; el «caso Lloret» que vincula al ex alcalde y ex diputado Xavier Crespo con la mafia rusa; además del «caso Palau» y del «caso Petrum» –el que ha motivado los registros– tienen un denominador común: Daniel Osácar.

Jordi Sumarroca salió de prisión el 11 de agosto. A la Guardia Civil y a la Fiscalía le han bastado 17 días para analizar los documentos encontrados en la caja fuerte de una familia, los Sumarroca, que ha medrado al albor del poder nacionalista primero con Comsa y ahora con Teyco, para proceder al registro de las sedes del partido de Gobierno y de cuatro ayuntamientos emblemáticos gobernados por los nacionalistas. La pregunta, todavía sin respuesta, es si esto es el final de una operación o sólo el principio, aunque ya se apunta que se están investigando otras empresas. Sea cual sea la respuesta, la implicación política de esta operación judicial es innegable.