Podemos presiona al PSOE tras el apoyo de Ciudadanos: «No seremos su muletilla»

Arriesgarse o aguantar. Entre conjugar uno de esos dos verbos podría debatirse esta semana la ganadora de las elecciones andaluzas del 22-M, Susana Díaz, en la búsqueda del apoyo de otras fuerzas políticas, que le permitan revalidar el cargo de presidenta de la Junta, que de momento ostenta en funciones.

El Parlamento autonómico de la décima Legislatura está conformado por 47 diputados del PSOE, 33 del PP, 15 de Podemos, nueve de Ciudadanos (C’s) y cinco de IULV-CA. Todos se mantienen en el «no» a su investidura. Si bien, Ciudadanos se ha abierto a la posibilidad de abstenerse en segunda vuelta si la socialista asume algunas de sus propuestas económicas y de creación de empleo, después de alcanzar el primer acuerdo con los socialistas: un pacto anticorrupción que rubricarán previsiblemente el miércoles.

La agenda arrancará hoy con la defensa de Díaz de su programa de gobierno. Sólo ella tomará la palabra sin límite de tiempo al ser la única candidata oficial propuesta por los partidos para desembarcar en San Telmo, sede del Ejecutivo regional. Como anticipo, ya adelantó ayer que las palabras de su discurso no caerán sobre el velo frágil del lugar común, dado que anunciará el «paquete más potente de lucha contra la corrupción que se ha conocido en España, y que ha hecho nunca ningún Gobierno». Lo dijo en la Fiesta de la Rosa de Chiclana de la Frontera (Cádiz), donde añadió con énfasis que exigirá que «quien se lleve el dinero responda con su patrimonio».

Tras su intervención, el Pleno se suspenderá hasta el martes, cuando la socialista interactuará con los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. Después llegará la primera votación, en la que, para ser presidenta, tendría que obtener la mayoría absoluta de los 109 diputados autonómicos. No sucederá. ¿Siguiente paso? Convocar un segundo Pleno 48 horas más tarde del final de la primera sesión, en el que Díaz ya sólo ha de arañar la mayoría simple. Y es ahí donde los avances logrados con Ciudadanos son clave, pero no suficientes. Si finalmente la formación de Albert Rivera se abstiene y los populares se mantienen en su negativa, la secretaria general del PSOE-A necesitaría que al menos Podemos también lo haga.

Sin embargo, esta formación aseguró ayer por la tarde a LA RAZÓN que aún seguían esperando que los socialistas les remitieran para avanzar o no un documento centrado en dos de sus condiciones: que la Junta no opere con bancos que desahucian y una drástica reducción de altos cargos. «Son cuestiones cualitativas fáciles, de sí o no. Se trata de dejar claro si el Gobierno andaluz está con los banqueros que desahucian o con los desahuciados», explicaba a este periódico el secretario de Organización del partido, Sergio Pascual. Y deslizaba: «Si en 24 horas no lo han mandado, puede ser que no tengan mucho interés». La formación reclama del PSOE «hechos, gestos concretos y no palabras» que demuestren que «se ha entendido que la forma de hacer y de concebir la política ha cambiado». Si Díaz no asume los «compromisos» que le han planteado se mantendrán firmes en su postura. «Estamos aquí para modificar las cosas, no para salvar la cara al bipartidismo», mantuvo Pascual, quien añadió que nunca ha estado entre sus pretensiones llegar a un acuerdo de gobierno con el PSOE. Preguntado por si el precedente de la ruptura unilateral del pacto que existió con IU puede influir en las negociaciones, aseveró que ese riesgo no ha estado presente en su caso porque nunca han querido ser «la muletilla del PSOE, como pudo ser» la federación de izquierdas ni «como puede parecer que ahora lo será Ciudadanos».

Si bien, otras fuentes de las formaciones implicadas en la investidura de Díaz sí apuntan a que «no se puede negar que lo sucedido con IU demuestra que el PSOE no es de fiar». «La atribuyó, entre otras cuestiones, a un giro radical de la coalición que aún está por producirse», ironizan. Es más, el líder de IULV-CA, Antonio Maíllo, llegó a aseverar que «el PSOE, cuando puede, te la juega».

La decisión de Díaz de adelantar los comicios supuso un carpetazo al Ejecutivo de coalición cuando aún faltaba por desarrollar buena parte del acuerdo programático que ambas formaciones suscribieron en mayo de 2012. Por el camino se quedaron la banca pública, una ley de agricultura integral que contemplara un banco de tierras, la renta básica o la garantía de unos mínimos vitales de luz y agua. Con el peso de su trayectoria, incluido el final fallido con IU, Díaz deberá pedir la confianza de una Cámara andaluza que volverá a concitar miradas. Tendrá que exponerse a chorros en busca de su ansiada estabilidad.