Inmigración

Los policías denuncian que ya se nota el "efecto llamada" de la regularización de extranjeros

«Exigimos medidas claras y contundentes que protejan tanto la legalidad como la profesionalidad de los policías nacionales

La inmigración desde Argelia se nota ya en los centros de menores de Andalucía
La inmigración desde Argelia se nota ya en los centros de menores de AndalucíaSalvamento Marítimo

El sindicato Jupol ha denunciado que ya se "evidencia el efecto llamada" como consecuencia de la regularización de, al menos, 500.000 extranjeros anunciado por el Gobierno. La organización apunta a un oficio de la Policía Nacional, adelantado por varios medios, en el que se señala un aumento de denuncias por parte de inmigrantes en las que aseguran haber perdido sus pasaportes. Así conseguirían demostrar que llevan en España desde antes del pasado 31 de diciembre, fecha tope para poder normalizar su situación.

Jupol, ha denunciado que este oficio "evidencia el efecto llamada que venimos advirtiendo desde que se anunció la regularización extraordinaria de extranjeros".

"Exigimos medidas claras y contundentes que protejan tanto la legalidad como la profesionalidad de los policías nacionales. Demostrando además, la inseguridad jurídica que también denunció Jupol ante el anuncio de este proceso extraordinario", finalizan.

Las cifras que maneja el Gobierno para la regularización extraordinaria de extranjeros que ya trabajan en España están «muy lejos» de la realidad. Los expertos policiales consultados por LA RAZÓN creen que, «en la práctica», se podrán beneficiar «entre dos y tres millones» de personas gracias a que en un futuro podrán solicitar la reagrupación familiar para traer a sus parientes más cercanos.

La propuesta del Gobierno ha sido criticada por la oposición por un supuesto «efecto llamada» que crearía. Las fuentes consultadas no creen que esto se produzca, ya que sólo se regularizará a aquellos que puedan demostrar que vivían en España antes del 31 de diciembre de 2025. Eso sí, alertan de que el mensaje que se da a las mafias que trafican con personas y a quienes esperan para llegar a Europa es claro: «Lo que les llega es que en algún momento, si llegan y no mueren en el camino, es que se les convertirá en legales».

La redacción del proyecto y su negociación se llevaron a cabo sin pedir informes policiales a la Comisaría General de Extranjerías, como ya publicó este medio. Las fuentes consultadas muestran su «extrañeza» y «enfado» a partes iguales. Sorpresa porque no se haya trabajado la propuesta con documentos y estadísticas oficiales sobre un tema tan delicado. Y cabreo porque, 16 días después de que la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, anunciase el pacto con el Gobierno, nadie haya preguntado a los especialistas, a pesar de haberse elevado a consulta pública, el paso previo a convalidarlo en el Congreso.

Oficialmente, los expertos de la Policía Nacional no han redactado informe alguno respecto a la regularización de medio millón de personas. Este Cuerpo tiene dos unidades especializadas en la criminalidad relacionada con la inmigración. Uno es la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que investiga la trata de seres humanos y la inmigración ilegal, y segundo el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), una suerte de «inteligencia» migratoria.