Puigdemont asume que el proceso puede durar semanas, meses o años

El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha explicado que su cliente se considera un preso político, defiende que no ha cometido delitos de rebelión y malversación, y tiene asumido que el proceso judicial puede durar «dos semanas, dos meses o veinte años».

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha explicado este miércoles que su cliente se considera un preso político, defiende que no ha cometido delitos de rebelión y malversación, y tiene asumido que el proceso judicial puede durar «dos semanas, dos meses o veinte años».

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Cuevillas ha precisado: «El presidente tiene perfectamente asumido el riesgo de que este proceso dure dos semanas, dos meses o veinte años» en caso de que le extraditen a España.

Según el abogado, Carles Puigdemont tiene muy claro que su proceso judicial es una «batalla política» y está mentalizado que será a largo plazo.

Ha aseverado que, en la prisión de Neumünster (Alemania), está en perfectas condiciones, tiene «perfectamente asumidas todas las situaciones», y está muy tranquilo con determinación y coraje para seguir adelante.

Doble incriminación

Según su análisis, como los delitos que le atribuyen a Puigdemont no están en la lista de 32 delitos que abarca la euroorden, se deberá hacer un examen de la doble incriminación: ver si los hechos descritos encajan con un delito en Alemania antes de acordar la entrega a la justicia española.

«Lo que debe hacer el tribunal alemán es examinar los hechos relatados en la euroorden y ver si en Alemania estos hechos serían considerados delito», ha detallado.

Ha opinado que en base al Código Penal alemán los hechos descritos en el auto de procesamiento del magistrado Pablo Llarena «no serían delito porque en Alemania la rebelión tiene que ser una actuación violenta».

Además, ha dicho que, incluso si se superara el examen de la doble incriminación, «también debería superarse el examen de que haya garantías de respeto a los derechos fundamentales de la persona». Ep