El constitucionalismo exhibe fisuras

La llegada al Gobierno de Sánchez y sus guiños al secesionismo han roto la unidad sobre Cataluña.

Un año después de la histórica y multitudinaria manifestación del 8-O, las fuerzas políticas constitucionalistas se han distanciado considerablemente a raíz de la moción de censura del 2 de junio. El cambio de Gobierno, que situó a Pedro Sánchez en La Moncloa, asestó un duro golpe a PP y Cs y desató las reticencias entre los tres partidos que respaldaron la aplicación del 155 tras la DUI del 27 de octubre, algo que se ha podido ver reflejado a lo largo de estos meses y ayer, durante la celebración de distintos actos para conmemorar aquella masiva salida a la calle. Por un lado, Sociedad Civil Catalana y por otro Albert Rivera. La entidad favorable a la unidad de España organizó un acto en un hotel en la Avenida Paralelo para recordar el 8-O –en el que hubo algunos representantes de Cs–, mientras que Cs impulsó una marcha que desembocó en Plaza Sant Jaume, donde llevó a cabo sus parlamentos finales.

Desde que Sánchez alcanzara La Moncloa, la unidad inéditamente granítica que suscitaron los órdagos independentistas del 1-O y el 27-O se ha resquebrajado, aunque no está del todo rota. Tanto PP como Cs no han cesado de atizar y presionar para desgastar al Gobierno a través de un aspecto tan sensible como Cataluña: ambos partidos apuestan sin ambages por la aplicación de un nuevo 155 y no dudan en situar al gobierno socialista como cómplice del independentismo. Pero los reproches no sólo se producen en una dirección, sino también entre el PP y Cs, que tratan de marcar perfil propio para abrirse espacio de cara a un hipotético adelanto electoral. En este sentido, el líder del PP, Pablo Casado, volvió ayer a la carga y lanzó dardos a ambas formaciones constitucionalistas: para el líder popular es precisa una nueva intervención autonómica mucho más amplia que la anterior. «El año pasado se activó sólo para convocar elecciones por la exigencia de Cs y sin asumir competencias porque así lo pidió e PSOE», afirmó en su intervención en Albacete en el XIV Congreso del PP de Castilla-La Mancha.

El plan de Casado, si gana las próximas elecciones, pasaría por no esperar el apoyo de Cs ni del PSOE y aplicar el 155 para asumir el control de los Mossos d'Esquadra, de TV3, la educación o de los centros penitenciarios. También, aunque desde Barcelona, el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, que participó en un acto de Sociedad Civil Catalana, reprochó a Sánchez haber hecho «desaparecer» al Estado de Cataluña.

Por su parte, el líder de Cs, Albert Rivera, apeló al regreso a la unión de los constitucionalistas que permitió la multitudinaria manifestación de hace un año, aunque no escatimó críticas para la gestión de Sánchez sobre Cataluña. El presidente del partido naranja reprochó al presidente del Gobierno que haya «abandonado» a los catalanes constitucionalistas. «Ni está ni se le espera», afirmó, antes de volver a reclamar que convoque elecciones. Rivera, a través de la plataforma España Ciudadana, impulsó una movilización en la Plaza Sant Jaume, justo en frente de la sede de la Generalitat, que congregó a 2.000 personas, según los organizadores –1.000, según la Guardia Urbana–.

Pero ante esta catarata de dardos, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, salió ayer al paso y dejó constancia de que su partido, aunque no comparte la mano dura que proyectan PP y Cs, mantendrá su firmeza en la defensa de la legalidad. «No vamos a tolerar poner una vez más las instituciones al margen de la ley, porque tiene consecuencias negativas para el autogobierno y la ciudadanía», aseveró.

Este distanciamiento entre las tres fuerzas políticas constitucionalistas se hace visible justo cuando sobrevuela con más intensidad el adelanto electoral en Cataluña. De regresar a las urnas, los tres partidos podrían albergar más esperanzas que nunca en acercarse a la mayoría, o como mínimo, mejorar sus últimos resultados. En la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, PP, Cs y PSC alcanzaban los 61 diputados y necesitarían del apoyo de los «comunes» –la mayoría absoluta está en 68–.