Sindicatos y CEOE recelan de su inclusión en la ley de transparencia

MADRID- Mucho entusiasmo parece que no ha generado la ley de transparencia en sindicatos y patronal: que sí, pero; que si ha de haber límites; que si ciudado con la libertad sindical; que si la aplicación será compleja; que si se puede atentar contra la autonomía organizativa... Excusas para sortear una norma tan necesaria como regeneradora de nuestra democracia. La Comisión Constitucional del Congreso celebraba ayer la última ronda de comparecencias que abrió el pasado enero para recabar distintas opiniones sobre el proyecto de ley y la despedida no fue halagüeña. Por allí desfilaron distintos representantes de CC OO y UGT que, aunque dieron su apoyo a la futura norma, también avisaron de que no puede ir más allá de los fondos públicos que reciben. En idénticos términos lo explicaron tanto el secretario de estudios de CC OO, Rodolfo Benito, como el de participación sindical e institucional de la UGT, Frederic Monell. Y es que, aunque se mostraron de acuerdo con que la ley imponga obligaciones a los sindicatos, se afanaron en dejar claro que la misma no puede utilizarse para equiparar sus obligaciones de transparencia a las que se impondrán a las administraciones públicas o partidos políticos. Así, Benito afirmó que el mandato de publicidad activa debe limitarse a la gestión de los recursos públicos y los programas de financiación pública, al tiempo que pidió que no se confunda «la posición de los sindicatos con la de los partidos a la hora de dar cuenta de su financiación, su actividad y los posibles conflictos de intereses entre sus cargos y dirigentes». Con el mismo objetivo de diferenciar a los sindicatos de los partidos, Monell recordó que las organizaciones sindicales no están sujetas a una ley de financiación como sí lo están las políticas. Por eso, tanto él como Benito reclamaron que se tenga en cuenta la «singularidad» que la Constitución confiere a los sindicatos. «Más allá del control sobre los recursos públicos, la ley no puede ser en ningún caso limitadora del derecho de libertad sindical, que implica una completa autonomía organizativa y una prohibición de injerencia de los poderes públicos», afirmó. También aprovecharon para recodar que la mayor parte del dinero que reciben proviene de las cuotas de sus afiliados, que rondan el millón de personas en cada caso. CC OO aseguró que los fondos que su sindicato recibe vía Presupuestos del Estado o de administraciones autonómicas suponen sólo el 2,8 por ciento del total, eso sin anotar los recortes de los últimos años (en 2009, recibió 6 millones de euros y este año esa cantidad se ha reducido a 3,5 millones). UGT no ofreció datos concretos, más allá de que los ingresos provenientes de sus afiliados superan el 70 por ciento del total.

Y hasta aquí los sindicatos, pero no crean que la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), perceptora también de fondos públicos, se mostró más entusiasta. De entrada, el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la patronal, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, avanzó que su organización no publicará los sueldos de sus dirigentes, ni auditará las cuentas de sus 4.500 organizaciones, ni informará de sus ingresos privados, pues considera que el principio de transparencia sólo debe afectar al uso de recursos públicos, que en su opinión sólo suponen un tercio de su presupuesto (de los 19,6 millones del presupuesto de la CEOE para 2013, sólo 6,2). El resto procede de cuotas de las organizaciones (13 millones).

De ahí que, en su opinión, el principio de transparencia deba alcanzar a los ingresos públicos pero no a los privados, y en todo caso pidió un «control flexible» que no obstaculice el funcionamiento de las 4.500 entidades que forman parte de la CEOE, algunas de ellas «muy pequeñas» y de un presupuesto anual que no supera los 100.000 euros.