El Tribunal de Cuentas denuncia que el 45% de los contratos fiscalizados del Gobierno se adjudicaron sin competencia real

El Tribunal de Cuentas, organización presidida por Enriqueta Chicano, ha constatado que el 45 % de los expedientes fiscalizados del Sector Público en 2024 se adjudicaron sin una competencia real. En total, de los 179 contratos analizados, en casi la mitad no se logró una "concurrencia efectiva" de varios competidores en el proceso práctico.

Tal y como ha podido analizar LA RAZÓN en el documento presentado por el Tribunal de Cuentas, el organismo señala que en "muchos documentos no consta la acreditación" de las empresas que permitan conocer las razones por las que se presentaban a la licitación. "Consta la realización de actuaciones tendentes a la promoción de la concurrencia en 179 de los 260 expedientes fiscalizados. No obstante, son numerosos los casos (81 expedientes) en los que solo se presentó la oferta de la empresa adjudicataria o se admitió una única oferta", reza el documento analizado.

El fenómeno se produjo en licitaciones en las que solamente se presentó una entidad para pujar por el producto subastado. Desde el Gobierno se alega "exclusividad" o carácter técnico, por "razones de agilidad" como el conocimiento de las instalaciones de la empresa y de urgencia o simplemente porque no "se ajustaban a las necesidades".

Aunque para la institución puedan resultar "lógicas" desde el punto de vista funcional de la gestión de la entidad, "no justifican por sí solas la falta de promoción de concurrencia" y, mencionando un posible beneficio económico, no se demuestra que contratar un solo cliente fuera más ventajoso.

El abuso de contratos menores y la falta del expediente presupuestario

El informe presentado para regular el impacto en el Sector Público de las acciones del Gobierno, también apunta al abuso de contratos menores y la falta de una explicación sobre el cálculo presupuestario para adjudicar el contrato. El 65% de los casos analizados, 144 de 221, se encuentran entre los 14.500 y los 14.999 euros muy próximo al límite marcado para las contrataciones "menores". Un dato que se agudiza con que en 7 de cada 10 de los señalados no se constató la presencia de un cálculo del presupuesto.

Unas deficiencias señaladas por el organismo que erosionan la transparencia con 15 contratos en los que no se ha podido acreditar el expediente presupuestario para acometer las obras. Además, en 25 de los 260 contratos fiscalizados se han advertido incoherencias en el orden cronológico de los actos administrativos del procedimiento de ejecución del gasto. La regulación obliga a publicar el contrato en plazo no superior a los tres meses, pero los 25 mencionados superaron el límite. En algún caso hubo que esperar hasta los diez meses. Es decir, siete de retraso.

Fuera de las recomendaciones señaladas por la institución cabe recordar que desde este año el Tribunal de Cuentas fiscalizará la contratación y el control del servicio integral de las pulseras telemáticas para maltratadores, una actuación prevista dentro del Programa de Fiscalización 2026 aprobado por el órgano fiscalizador.

Tal y como informó este diario, a raíz de los fallos en las pulseras contra los maltratadores y condenados por violencia de género, la organización aseguró que la tendencia es "acercar la fecha de fiscalización lo máximo posible" y se prevé que los informes se hagan públicos a finales de 2026 o, como máximo, a principios de 2027.