Una mayoría de vascos exigen a ETA su disolución y la entrega de las armas

Los vascos creen que la disolución y entrega de armas por parte de ETA sería el hecho más favorecedor para la paz y la convivencia en Euskadi.

Los vascos creen que la disolución y entrega de armas por parte de ETA sería el hecho más favorecedor para la paz y la convivencia en Euskadi, seguido del reconocimiento de "todas las víctimas"y de la necesidad de "un proceso de diálogo liderado por el Gobierno vasco con todas las fuerzas políticas y sociales", según el sociómetro elaborado por el Gobierno vasco, que ha realizado 2.201 entrevistas entre el 31 enero y el 7 de febrero.

El sondeo apunta a que la mayoría de la sociedad vasca cree que la disolución y entrega de las armas por parte de ETA es la cuestión más importante a la hora de favorecer la paz y la convivencia. En el grado de importancia del 1 al 10, obtiene un 8.

Después, los vascos creen que también colaborará a la pacificación

y normalización el reconocimiento de todas las víctimas (7,5), un proceso de diálogo liderado por el Gobierno vasco con todas las fuerzas políticas y sociales (7,4), el reconocimiento del derechos a decidir del pueblo vasco (7,1) y la petición de perdón de ETA a las víctimas (6,9).

Otros temas que creen que favorecerían esta situación serían el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco (6,2), la transferencia de política penitenciaria (6,1) y la reinserción de los reclusos de la banda (6,1).

En relación a los agentes que deberían intervenir o no en el proceso para la consolidación de la paz y la convivencia en Euskadi, un 58 por ciento dice sí a que ETA intervenga, un 49 por ciento tiene esa misma opinión sobre los presos de ETA y un 59 por ciento considera que también las víctimas de ETA deberían intervenir. También otro 59 por ciento cree que los mediadores internacionales deberían tomar parte.

Preguntado por otros agentes, en el caso de la intervención del Gobierno vasco se eleva el porcentaje al 92 por ciento, en el de todos los partidos políticos al 83 por ciento, mientras que un 78 por ciento considera que también debe intervenir el Gobierno central.