Villar Mir declara que no pagó al PP, pero sí a UGT y CC OO

Los empresarios que aparecen en las «fotocopias de Bárcenas» niegan cualquier donación al partido

La Razón
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El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y el propietario del grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, han negado hoy haber hecho "nunca"donaciones al PP durante su declaración como imputados en la causa de los papeles de Bárcenas.

«No soy del PP ni del PSOE», «nunca» entregó donación alguna «de ningún tipo» a ninguno de los dos partidos, por lo que desconoce los motivos por los que figura en las fotocopias de Bárcenas como uno de los «donantes» del Partido Popular y que si decidió no querellarse por ese motivo fue por su condición de «cristiano» y los perjuicios que podría ocasionar a su empresa en todos los países donde está presente. Así lo afirmó el presidente de la constructora Obrascon Huarte Laín (OHL), Juan Miguel Villar Mir, en su comparecencia, como imputado, ante el juez Ruz. En esa comparecencia, que se prolongó por espacio de una hora, Villar Mir sí reconoció que tanto su empresa como la fundación que lleva su nombre realizó periódicas aportaciones anuales a la Fundación FAES (vinculada al PP), a los sindicatos UGT y CC OO, la Fundación Mujeres por África, próxima al PSOE y la Fundación Elcano (dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores).

En concreto, según señalaron fuentes jurídicas, la donación a FAES era de 45.000 euros anuales, muy por debajo de los 120.000 que entregaba a UGT y CC OO, de los 150.000 euros que recibía la fundación Mujeres por África o de los 180.000 que percibía la Fundación Elcano. Ayer no pudo concretar los años durante los que se extendieron esas entregas, aunque se mostró dispuesto a aportar la documentación precisa. Todas esas cantidades se entregaban mediante las correspondientes transferencias bancarias y sus cantidades eran asimismo declaradas a Hacienda, y, por tanto, sujetas a las oportunas desgravaciones fiscales. El presidente de Obrascon Huarte Laín , quien al salir del juzgado se dirigió a los periodistas con un escueto «lo siento, pero no puedo decir nada», admitió que conoce al ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta desde hace años y ha coincidido con él en «muchos funerales». En cambio, respecto a Bárcenas, sólo le conocía «de referencias». En todo caso, aseguró que con ninguno de los dos trató ningún tema relacionado con contrataciones de obras públicas. En cuanto a las fotocopias de Bárcenas, manifestó que su presencia en las mismas era un «error», y que, de hecho, en los años en que aparece como «donante», su empresa recibió menos contratos públicos que otros años. Para intentar avalar su tesis, aportó al juez un gráfico que mostraba que las mayores adjudicaciones concedidas a la empresa no coincidían con las de los pagos consignados en los «papeles de Bárcenas». Sobre esta cuestión, el magistrado le puso de manifiesto que, según el informe de la UDEF, las contrataciones asignadas a su empresa sí coinciden con el periodo de «donaciones» que figuran en las mencionadas fotocopias. Este extremo fue negado por Villar Mir. Con posterioridad, declaró ante el juez el propietario del grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, quien también negó haber realizado donación o pago alguno al Partido Popular durante el tiempo en que permaneció como responsable directo de la empresa, porque hace ya «cinco o seis años» en que dejó esa responsabilidad. Así, destacó que en su empresa no entra la «política de pagos» a partidos.

No pidió explicaciones

Por ello, y al igual que Villar Mir, tampoco se explicó los motivos por los que aparece en los «papeles de Bárcenas», aunque no pidió ningún tipo de explicación al ex tesorero Álvaro Lapuerta, con quien mantiene una «amistad familiar» desde hace bastante tiempo. Es una relación, dijo, de amistad, pero nunca llegaron a hablar de obras públicas ni de contrataciones. «Sólo habló en una ocasión de una contratación con el ayuntamiento de Madrid, en 1998, pero Lapuerta le dijo que se llevaba mal con el alcalde» de entonces, José María Álvarez del Manzano, destacaron las citadas fuentes. El primero de los citados era el empresario Alfonso García Pozuelo, ex propietario de Construcciones Hispánica, pero se acogió a su derecho a no declarar. Sánchez Domínguez se negó también a responder a los querellantes, motivo por el que varias acusaciones solicitaron que se celebrara una «vistilla» para pedir medidas cautelares. El juez lo rechazó porque los querellantes no expusieron los motivos que justificarían la modificación de la situación de esos empresarios.

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Ninguna pregunta del Fiscal

En ninguna de las comparecencias de ayer, el representante del Ministerio Fiscal realizó pregunta alguna a los imputados, por lo que el peso de los interrogatorios lo llevó directamente el juez instructor, Pablo Ruz, toda vez que los empresarios se negaron a responder a las acusaciones. La acusación tildó de «sorprendente» la actuación del fiscal, en un caso «de los más graves de corrupción que ha tenido España».