Vox ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo para solicitar la suspensión cautelar del decreto aprobado por el Gobierno que prevé la regularización de alrededor de medio millón de personas migrantes en situación administrativa irregular.

La formación sostiene que la medida supone un cambio de gran alcance en la política migratoria y que debe ser revisada judicialmente para determinar si se ajusta al marco legal vigente.

El anuncio fue realizado públicamente por Ignacio Garriga, dirigente de Vox, en una comparecencia ante los medios. En su intervención, Garriga afirmó que el decreto representa, en su interpretación, una “legalización e institucionalización” de un proceso migratorio que la formación considera problemático.

Según expuso, la decisión del Ejecutivo requiere un control judicial inmediato para evaluar tanto su legalidad como su impacto en la gestión administrativa y en los servicios públicos.

La formación argumenta que la regularización masiva podría tener efectos significativos en ámbitos como la atención social, la vivienda o la organización institucional.

Vox sostiene que una medida de este alcance debería ser objeto de un debate más amplio y de un análisis jurídico detallado, y que la vía del recurso ante el Supremo es el mecanismo adecuado para solicitar su paralización temporal mientras se estudia el fondo del asunto.

El procedimiento ante el Tribunal Supremo, en caso de ser admitido, permitiría valorar si concurren los requisitos para adoptar medidas cautelares. Este tipo de resoluciones se centran en determinar si la aplicación inmediata del decreto podría generar efectos irreversibles o de difícil corrección.

La decisión final dependerá del análisis jurídico que realice el tribunal, que deberá evaluar tanto la urgencia como la posible afectación al interés general.

El anuncio del recurso se enmarca en la estrategia de Vox de mantener una posición crítica respecto a las políticas migratorias del Gobierno.

En los últimos años, la formación ha recurrido a distintas vías institucionales para expresar su desacuerdo con iniciativas relacionadas con la gestión de la inmigración.

La regularización de personas en situación irregular se ha convertido en uno de los puntos de mayor confrontación política, con posiciones divergentes sobre su impacto social, económico y administrativo.

La comparecencia de Garriga y la presentación del recurso sitúan nuevamente el debate migratorio en el centro de la discusión pública.

Mientras el Gobierno defiende el decreto como una medida necesaria para ordenar la situación administrativa de miles de personas, Vox insiste en que su aplicación debe ser revisada judicialmente. El proceso ante el Supremo determinará si procede o no la suspensión cautelar solicitada por la formación.