La Junta busca asesores externos para auditar las fundaciones públicas

La Consejería de Hacienda y Administración Pública sigue profundizando en la reordenación del sector público y ahora quiere conocer en detalle el estado de las fundaciones vinculadas a la Administración.
Con esta intención, ha licitado un concurso público para la «prestación de servicios a la Intervención General de la Junta de Andalucía para la realización de auditorías de las cuentas anuales de las Fundaciones del sector público de Andalucía». El importe del mismo asciende a 441.042 euros –IVA incluido– y el trabajo deberá estar finalizado el 30 de septiembre de 2014.

La medida contrasta con las continuas peticiones y advertencias de la Cámara de Cuentas, órgano fiscalizador que año tras año se queja de la falta de información ofrecida por el Gobierno andaluz para auditar los entes instrumentales –entre ellos las fundaciones– adscritos a la Junta.

De hecho, en su informe sobre Cuenta General, Contratación Administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial del año 2007 este organismo señala que «todas las fundaciones públicas andaluzas deben incluirse en el Presupuesto de la comunidad y posteriormente en la Cuenta General». Sin embargo, muestra su disconformidad porque «en el Presupuesto de la comunidad se incluyen, como en años anteriores, sólo los presupuestos de dos fundaciones, Fass (Fundación Andaluza de Servicios Sociales) y Faisem (Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental).

La operación no es menor. Las fundaciones públicas manejan una parte sustancial de las cuentas públicas andaluzas –las empresas y entes asimilados han contado con 2.890 millones de euros para el presente año–.

El alcance de los trabajos es amplio y algunos pueden entrar en colisión con la legislación vigente. Para salvar las potestades de la Intervención General, los auditores externos trabajarán «bajo la directa supervisión de los funcionarios designados por ésta».

Los adjudicatarios tendrán que evacuar un informe quincenal a la Intervención General para su control. Ésta se reserva el derecho de llamar a los responsables de esos entes para ampliar la información de los trabajos y dar las explicaciones necesarias en caso de que su gestión como responsables Sea puesta en duda.

La falta de información de la Junta sobre el sector público empresarial es notoria. Tan es así, que una de las primeras medidas que llevó a cabo la Consejería de Hacienda y Administración Pública fue la aprobación del decreto 283/2010 para adaptar «la información de recursos humanos y económico-financiera de las entidades instrumentales de la Junta». Desconocían hasta el número de empleados.


Un trabajo de amplio espectro
- Entre otras tareas, los auditores tendrán que descifrar la imagen fiel del patrimonio de la situación financiera, de los resultados de sus operaciones, de los cambios de patrimonio neto y de los flujos de efectivo al cierre de los ejercicios de cada una de las fundaciones.
- Analizarán si se han preparado y presentado la conformidad con principios y normas contables que establezcan la normativa aplicable.
- Otro aspecto para el análisis es si contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con los principios y normas aplicables generalmente aceptados.
- Si guardan uniformidad con los acontecimientos que se hubieran producido entre la fecha del cierre del ejercicio y la de realización del informe y que pudieran tener repercusiones en la marcha de la empresa o de la entidad auditada.
- El pliego de prescripciones técnicas también hace referencia al análisis de la estructura financiera de las entidades, revisándose específicamente los criterios de valoración y registro de las fuentes de financiación pública procedentes de la Junta.