El Tribunal Supremo investiga a un juez por asesorar a la trama de las ITV

MADRID- El Tribunal Supremo (TS) investigará al juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joaquín José Ortíz Blanco por los delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y otro de abusos en el ejercicio de su función, en relación con su presunta participación en asesorar a dos empresarios imputados en la trama de las ITV en los recursos interpuestos contra la concesión de nuevas estaciones de ITV.

Estas diligencias surgieron a raíz de las investigaciones llevadas a cabo por la jueza de Lugo que instruye el conocido como «caso Campeón», por el que está imputado en el TS el dirigente socialista José Blanco, donde distintas escuchas telefónicas pusieron de manifiesto la «presunta comisión fraudulenta de ITVs en Cataluña». El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, de la que es titular Silvia López Mejía, abrió unas diligencias a la vista del informe de la Unidad de Vigilancia Aduanera «relativo a las conversaciones referentes al magistrado» citado del TSJC.

Ante esos indicios, remitió al Supremo una exposición razonada al entender que existían indicios de delito, aportando el informe de la Unidad de Vigilancia Penitenciaria, donde constan los seguimientos realizados a los imputados en ese procedimiento. En ese informe se expone que dos empresarios, Ricard Puignou y Enric Marugán «han participado en negociaciones llevadas a cabo con el magistrado-juez presidente de la sección 5ª de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, Joaquín José Ortíz Blasco, en interés y al servicio de dichos empresarios» en el recurso que interpusieron contra resoluciones relacionadas con la concesión de estaciones de ITV.

La magistrada de Barcelona añade que la instrucción ha puesto de manifiesto que Ricard Puignou «es un elemento imprescindible para conseguir» esos objetivos, para lo cual realiza «una serie de movimientos junto con la colaboración de Enric Marugán, «movimientos que se concretan en particular en su contacto» con el mencionado magistrado del TSJC, para tratar de buscar «la fórmula más rápida y buena para conseguir sus objetivos, indicando expresamente que no quiere realizar ninguna propuesta sin antes consultarla con la Sala para ver cómo la interpretan».

Con estos argumentos, la Sala Penal del Supremo entiende que hay motivos para continuar con la investigación al citado juez para determinar si ha podido incurrir en los delitos citados o no. Ahora, corresponde al magistrado Miguel Colmenero llevar adelante la instrucción.

«Caso Palau»
El ex secretario de Comunicación de la Generalitat y ahora director de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Puig, aportó ayer al juez cuatro estudios con ideas para promocionar el Palau de la Música con el fin de justificar los 59.976 euros que facturó en 2006 a la institución y que se sospecha sirvieron para enmascarar el desvío de fondos a CDC. Puig está imputado en la causa por el saqueo del Palau, a raíz de un informe de Hacienda que apunta que la empresa Emocional Base, que administró hasta 2008, pudo ser intermediaria en los pagos de comisiones de Ferrovial a CDC. Según Puig, los informes se los encargó el ex responsable del Palau Jordi Montull con el objetivo de diseñar estrategias publicitarias para la entidad cultural y estudiar el cambio de imagen corporativa. Por otro lado, también declaró ayer ante el juez el administrado de Martí Publiciutat, Ramón Marc Martí, que, según Hacienda, facturó más de 200.000 al Palau de la Música en 2006 y 2007. La Agencia Tributaria considera que también pudo ejercer de intermediario en comisiones a CDC. Marc Martí señaló que los pagos se correspondieron con el diseño de anuncios y soportes publicitarios, entre otros trabajos, pero no aportó factura alguna que los justificara.