Más de 37000 castellanos y leoneses acuden al Sacyl para dejar de fumar

valladolid- Desde que entrara en vigor el pasado 1 de enero la reforma de la Ley Antitabaco, que endurecía la normativa de 2006, al prohibir fumar en bares, restaurantes y establecimientos de ocio, las inspecciones se ha incrementado en lo que llevamos de año en nuestra Comunidad hasta superar incluso las siete mil . Por lo tanto, a mayor control, también mayor número de sanciones. En total, son 113 las penalizaciones que los Servicios Territoriales de Sanidad han propuesto.

Si bien es cierto que, teniendo en cuenta el número de establecimientos de Hostelería existentes en la Comunidad, cuya cifra supera los 15.000, los 176 expedientes instruidos y estas 113 sanciones no pueden considerarse excesivas, por lo que se puede decir que a Ley antitabaco se cumple escrupulosamente en Castilla y León.

En todas las provincias de la Comunidad ha habido sanciones, pero las de Burgos y Valladolid se llevan la palma ya que acaparan entre las dos la mitad de las sanciones, con 33 y 23 respectivamente. También es verdad que en ambas provincias se han llevado a cabo un mayor número de inspecciones, con 2.792 en Burgos, y 1.162 en Valladolid, muy por encima de otros territorios como Ávila o Zamora, donde se han realizado este año 265 y 493 inspecciones, con 17 y doce sanciones, respectivamente.

Por otra parte, y según datos facilitados por la Consejería de Sanidad, cabe destacar el aumento de castellanos y leoneses que este año están tratando de dejar de fumar, a través del tratamiento de deshabituación tabáquica que ofrece la Sanidad pública de esta Comunidad. En concreto, más de 37.000 personas han participado desde enero en alguno de los programas existentes, lo que supone un incremento del cien por cien respecto al primer trimestre del año, donde eran poco más de 17.000 los que intentaban dejar de fumar.

El tabaco es uno de los principales problemas de salud pública en las sociedades avanzadas de hoy en día. El tabaquismo mata alrededor de 50.000 personas cada año en España y supone una gran carga asistencia a los servicios sanitarios y un coste económico brutal que afecta a la sostenibilidad del sistema público.