La Cámara de Cuentas salva a Griñán y ni habla de responsabilidades penales

SEVILLA- La Cámara de Cuentas ha cerrado la polémica sobre su informe de los ERE trasladando al trabajo definitivo toda la tensión y presión política a la que se ha visto sometida en los últimos meses. Entre el anteproyecto inicial filtrado antes de su aprobación y el definitivo, hay partes sustanciales que se han obviado. Ni Griñán ni el interventor general salían bien parados, situación que se ha invertido al final. En estos meses, la institución se ha dejado parte de su credibilidad. El resultado evidencia que en el organismo, de extracción parlamentaria, también existen directrices políticas. Es la única explicación posible para entender que sólo las tres consejeras a propuesta del PP se hayan opuesto a la supresión de párrafos incluidos en el primer trabajo y que señalaban, por ejemplo, a determinadas actuaciones del hoy presidente de la Junta en su época de consejero de Economía y Hacienda.

El informe de fiscalización llegó ayer al Parlamento de Andalucía minutos antes de la reunión de la comisión de investigación de los ERE. Pero no llegó completo. El PP reclamó toda la documentación del trabajo y no sólo el resultado final: borradores, actas de las comisiones técnicas, las actas donde figura la aceptación de las modificaciones y el informe jurídico que avaló el cambio del anteproyecto original –un trabajo desarrollado durante ocho meses por seis técnicos de la institución, con el visto bueno de los consejeros responsables de la acción fiscalizadora y revisado por una comisión técnica compuesta por cinco coordinadores–. Esa información no la tienen los diputados para la elaboración del dictamen que se aprobará el 22 de noviembre y se debatirá en el Pleno del Parlamento el 28. Sí la tendrá la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha requerido a la juez de Instrucción 6 que solicite a la Cámara de Cuentas el expediente completo para incluirlo en su investigación sobre la «trama de los ERE».

El informe definitivo omite cualquier responsabilidad de Griñán por las modificaciones presupuestarias que aprobó en su etapa de consejero. Técnicos de la Cámara de Cuentas expusieron en su momento que Hacienda «engordó» el «fondo de reptiles» sin ajustarse «a las normas contables» de la Junta. Básicamente exponía que se transfería dinero a una empresa pública para pagar prejubilaciones de manera irregular. Al necesitar esos expedientes de modificaciones presupuestarias la firma de Griñán, el informe lo situaba en una situación comprometida. Ese párrafo se ha suprimido y sólo aparece en el voto particular de las consejeras nombradas a propuesta del PP.

También se dulcifica la labor del Interventor General. Sus duras alegaciones han sido atendidas. El primer borrador decía que «no consta» el informe de actuación –un código rojo de aviso– por su parte; el definitivo, «que no apreció circunstancias» para su elaboración.
En otro punto, el informe habla de que de las irregularidades detectadas «podrían derivarse, entre otras, responsabilidades contables y administrativas». No menciona posibles repercusiones penales. Fuentes consultadas por LA RAZÓN aseguran que sí se barajó esta opción. Más aún cuando hay una investigación en curso en un juzgado de lo penal.

Pese a este maquillaje, el resultado final no puede omitir importantes irregularidades. Por ejemplo, el director general de Trabajo no tenía competencias para dar subvenciones porque era potestad del consejero de Empleo y nunca las delegó, lo que abre la puerta a que todos sus actos sean nulos. Denuncia «abuso del margen de discrecionalidad administrativo» en la concesión de ayudas, el «uso inadecuado» de las transferencias de financiación –aunque aparecieran en los Presupuestos de la Junta– para pagar los ERE, la «ausencia de la preceptiva fiscalización previa» del gasto, que Empleo carecía de «control» sobre las ayudas, o que no había «personal funcionario» en la gestión y concesión de las subvenciones.
Además, admite la irregularidad del convenio de 2001 y que, con Griñán como presidente, el modelo se cambió en 2010 sólo de manera testimonial, porque en la práctica se siguió actuando de la misma forma a través de una encomienda de gestión genérica.