Los ERE falsos se duplican en una semana y los casos se elevan ya a 146

Sevilla- Suma y sigue. La investigación interna que está llevando a cabo la Junta de Andalucía a raíz del caso de los ERE irregulares no hace más que agrandar el escándalo. Ayer, el consejero de Empleo, Manuel Recio –a falta de que se revisen los expedientes de 290 trabajadores, pertenecientes a cuatro empresas–, elevó a 146 las irregularidades. El pasado 8 de febrero el Gobierno andaluz cifró en 37 los fallos detectados y el 3 de marzo el montante alcanzaba los 70. En una semana, la Junta ha analizado 3.704 pólizas. Sin embargo, llama la atención que entre el 17 de enero y el 3 de marzo revisó sólo 1.569. La Administración autonómica parece que ahora ha pisado fuerte el acelerador para que el caso no repercuta en la inminente campaña electoral del mes de mayo.

En esta ocasión, Recio sí quiso matizar los datos. De las 146 irregularidades, 59 son personas acogidas a ERE de empresas en las que nunca han trabajado. Otras 87 corresponden a «discrepancias administrativas», tal y como apuntó en comisión parlamentaria. Se trata de personas que han tenido alguna relación laboral con la empresa, aunque la Junta no puede aclarar de qué tipo y durante cuánto tiempo.

Hasta el momento, la Administración autonómica ha estudiado un total de 5.273 pólizas de trabajadores afectados por ERE, de los 5.563 empleados acogidos a algún expediente «vivo». Pero las cifras son escandalosas cuando se hace el balance de las empresas investigadas. 32 de las 64 inspeccionadas presentan algún tipo de irregularidad. Justo la mitad. Y todo ello sin analizar los ERE que ya se han extinguido, que dispararían las cifras.

El consejero de Empleo no especificó si entre los nuevos casos ilegales se encuentra algún militante del PSOE. De momento, nueve dirigentes socialistas se han prejubilado en empresas en las que nunca trabajaron y han cobrado pólizas pagadas con dinero público. Se trata del ex delegado de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés; el ex gobernador civil en Cádiz y Burgos y diputado socialista ya fallecido César Braña; el secretario de Política Municipal del PSOE de Baeza (Jaén), Antonio Garrido Santoyo; el secretario de Política Municipal del PSOE de Camas (Sevilla), José Antonio García Prieto; el militante de El Pedroso Alejandro Millán; los militantes socialistas de Camas Ricardo M. B. y Juan Manuel L. E.; el ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo y el ex regidor de San Nicolás del Puerto ya fallecido Domingo Martínez.

Sin dimisiones
El portavoz popular, Antonio Sanz, instó a Recio a decir si hay algún militante del PSOE entre los nuevos «intrusos». «Yo investigo todas las irregularidades, independientemente de si afectan a militantes socialistas o no», puntualizó el consejero de Empleo, no sin antes advertir del «peligro» que entraña, a su juicio, el pensamiento del PP relativo a que «cualquier persona es inocente hasta que se demuestre que es socialista».

El PP arremetió duramente contra Recio porque «con detectar tan sólo un fraude se tendrían que haber producido dimisiones». Sanz minimizó la labor fiscalizadora del Gobierno andaluz y el hecho de que trasladara el asunto a la Justicia –«es como poner al zorro al cuidado de las gallinas»– y recordó que su formación ha formalizado 140 peticiones de información sobre la trama, que aún no han sido contestadas. «Estamos hablando de un intento de comprar voluntades a cambio de favores. Esto es algo gravísimo», señaló el portavoz popular, al tiempo que volvió a exigir una comisión de investigación parlamentaria. El portavoz de IU, Pedro Vaquero, criticó el hecho de que no se atendieran las recomendaciones de la Intervención, una circunstancia que «propició el ‘choriceo' de todos los implicados».