Safja a la Junta: «Una empresa afín no puede grabar vidas clínicas»

Sevilla- El sindicato de funcionarios Safja ha interpuesto un recurso de alzada contra el anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), con fecha 23 de mayo de 2012, relativo a la contratación de servicios, «de forma contraria a lo legalmente establecido», realizado por el director gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Julio Samuel Coca.
¿En qué consisten los servicios? «En la grabación de solicitudes de reconocimiento de Dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención» a la misma, además de «resoluciones aprobatorias y revisiones» de programas individuales, así como «de las extensiones de los recursos y servicios asignados a personas en situación de dependencia reconocida», según consta en el recurso al que ha tenido acceso LA RAZÓN. ¿Presupuesto base de licitación? 199.280 euros, IVA excluido.
Para Safja, si se adjudica el contrato, supondrá «la externalización de una potestad administrativa, atribuyendo a una empresa privada y a los trabajadores de la misma el desempeño de funciones» sin contar con «los requisitos necesarios para ello –se refieren al acceso a la función pública de conformidad con los principios de igualdad, mérito y capacidad, que marca la Constitución–».
En este caso, la empresa adjudicataria, «seguramente afín al Gobierno andaluz», tendría que gestionar información sensible «con nivel de protección considerado como alto por la ley, al tratarse de datos relativos a la salud», advierten.
Desde la organización sindical insisten en que con el adelanto de licitación «se está realizando una atribución de potestades públicas a personal externo, que sólo pueden ser desempeñadas por personal funcionario», lo que supondría la vulneración del artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público. Unas facultades que, como recuerda Safja en su escrito, especifica la propia letrada jefe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Hacienda en un informe. De hecho, en ese documento, fechado el 22 de febrero de 2011 y relativo al tratamiento que ha de darse a las potestades públicas en los estatutos de las agencias afectadas por la reordenación del sector, la abogada avisa de que «las más recientes resoluciones judiciales resultan ser incluso más restrictivas en pro del reconocimiento de funciones que han de venir automática y necesariamente realizadas por los funcionarios». Catálogo en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha incluido, entre otras labores, «el registro, archivo y clasificación de documentos administrativos», o las «tareas organizativas de expedientes». Safja mantiene que «no hace falta ser juez para saber» que las funciones a realizar en este caso «entran dentro del funcionamiento cotidiano de la Administración» y corresponden al personal administrativo y sus auxiliares. Áreas cuyas bolsas de interinos acumulan cientos de personas.
El presidente del sindicato en concreto, José Manuel Mateo, considera que el anuncio de licitación para «grabar vidas clínicas» constituye «otra prueba evidente de la mala gestión de la Junta».