La Audiencia aprecia «indicios» de delitos societarios en Mercasevilla

Además, alude a que «ostentaba un papel esencial y directo en la toma de decisiones que afectaban al transcurrir económico de ambas entidades», en relación al mercado central y su Fundación Socioasistencial.

En un auto dictado el pasado 24 de febrero, al que ha tenido acceso este periódico, la Audiencia mantiene el procesamiento de Mellet, confirmando lo argumentado por la juez Mercedes Alaya el 13 de mayo acerca de que «la copiosa documental de la que se disponía» apuntaba a unos posibles delitos de «malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, delitos societarios en su doble vertiente de falsedad de las cuentas anuales y administración desleal, o en su caso, de apropiación indebida».

La defensa de Mellet alegaba para reclamar el sobreseimiento de la causa que la juez había archivado la querella del PP, por lo que ahora no podía ser reabierta, pero la Audiencia sostiene que «no era un sobreseimiento libre ni estaba motivado porque los hechos descritos en la querella no pudieran, en modo alguno, ser constitutivos de delito», sino «por considerar prematura» la presentación de la misma por encontrarse pendiente la realización de la auditoría de gestión por parte de Deloitte, por lo que iniciar esas actuaciones «hubiera implicado, de facto, la paralización de la auditoría».

El auto hace referencia a diferentes indicios que apuntan a la presunta comisión de delitos en la gestión de Mercasevilla y, aunque puntualiza que «en este momento procesal no deben identificarse con certezas absolutas», sí aclara que «como quiera que los hechos pudieran ser constitutivos de delito, el archivo de la causa no resulta posible, debiendo continuar la instrucción para alcanzar su esclarecimiento».

Esos indicios se desprenden de las conclusiones de la auditoría de Deloitte, los testimonios recabados en las diligencias previas y las pruebas aportadas por los denunciantes, haciendo alusión expresa el auto de la Audiencia a «hechos recogidos» en la querella presentada por Beltrán Pérez en su calidad de consejero de Mercasevilla por el Partido Popular. Es decir, que los documentos aportados por el PP contribuyeron a la reapertura de las diligencias, tal y como ya estaba previsto por la magistrada si «hechos nuevos así lo recomendaran».