Urgencias autonómicas

El Gobierno y las comunidades autónomas tienen hoy la oportunidad de enviar un mensaje a los mercados internacionales de compromiso con la austeridad. Mientras se mantiene la presión sobre nuestra deuda soberana y se fuerza al Tesoro a elevar sustancialmente el tipo de interés a pagar, los inversores y los organismos internacionales estarán hoy muy pendientes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de sus resultados. Hay una obligación de dar una respuesta favorable a los ajustes en línea con el objetivo del 6% de déficit para el conjunto de las administraciones del Plan de Estabilidad, pero también de atender a las exhaustas arcas autonómicas para no poner en peligro el funcionamiento de los servicios públicos y el pago a los proveedores. El cambio político del 22-M ha permitido conocer el estado crítico de algunas administraciones dirigidas por los socialistas. Los déficits ocultos, las facturas impagadas, serán también protagonistas en el encuentro de hoy, porque condicionan la capacidad de los nuevos gobiernos para afrontar su día a día. La propuesta de sancionar la estafa política que supone la ocultación de la deuda y el derroche debe ser tenida en cuenta. El vicepresidente Chaves respondió ayer que «no se pueden sacar presuntas deudas para justificar recortes». Su actitud es de un cinismo insólito. Fue su Gobierno y él mismo los que hicieron la vista gorda ante los dispendios del PSOE.

El Consejo, que en principio debatirá la regla de gasto que quiere implantar el Ejecutivo y la distribución de 8.000 millones adicionales de la financiación de 2012 para Sanidad, debe alcanzar un consenso por la estabilidad presupuestaria y lo que ello supone. En ese aspecto, Mariano Rajoy definió ayer un razonable marco de actuación que pasa por la ampliación del plazo para que los gobiernos devuelvan los anticipos de ingresos adelantados por el Estado –19.000 millones–, lo que resolvería los problemas de liquidez sin afectar a la deuda ni al déficit público, y una apuesta por el equilibrio presupuestario, el recorte de los gastos corrientes y la transparencia con la deuda. Esas pautas generan confianza y son límites exigentes a la gestión de lo público.

A estas alturas parece complicado que todas las comunidades puedan cumplir con los objetivos de déficit, porque el volumen de números rojos es apabullante. El nuevo Gobierno extremeño, por ejemplo, anunció ayer que el desequilibrio contable duplicaba a 30 de junio lo estipulado por el Gobierno, el 1,3%. La posibilidad de que se incumpla el Pacto de Estabilidad es un hecho y eso tendrá un coste en los mercados, pero es preciso descontarlo cuanto antes y replicar con medidas creíbles y exigentes que generen solvencia. Las comunidades tienen que cortar y cortar hasta quedarse con lo indispensable. No existen milagros y el crédito internacional está agotado.
El próximo Gobierno estará obligado a afrontar una redefinición y revisión del estado autonómico que no puede descartar la recuperación de competencias ni nuevos mecanismos de supervisión estatal. Bajo los parámetros actuales se ha levantado un gigante con los pies de barro que amenaza la recuperación económica. El futuro pasa por un cambio profundo y racional.