El Gobierno aprueba la ley de telecomunicaciones

El Ministerio de Industria explicó que la nueva Ley, que incorpora al ordenamiento jurídico interno las Directivas europeas de Mejor Regulación y de Derechos de los Ciudadanos, pretende incentivar las inversiones, además de mejorar la protección de datos de los usuarios.

Así, el proyecto de Ley crea un marco "más adecuado"para la realización de inversiones en el despliegue de redes de nueva generación, que permita ofrecer servicios innovadores y tecnológicamente más adecuados a las necesidades de los ciudadanos.

Estas redes, tanto fijas como móviles, permitirán ofrecer a los ciudadanos velocidades de acceso a Internet superiores a los 100 Mbits por segundo.

Asimismo, establece que la CMT, a la hora de imponer obligaciones y condiciones de acceso a las redes, debe tener en cuenta el riesgo inversor de los operadores y se promueve un uso más eficaz del espectro radioeléctrico mediante la generalización de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios.

Respecto a la designación de operador encargado de la prestación del servicio universal, se establece el mecanismo de licitación, mientras que hasta ahora sólo se acudía a este mecanismo si había varios interesados que lo habían manifestado mediante consulta.


Además, las modificaciones introducidas refuerzan los derechos de los usuarios y su protección. Así, se establece que los usuarios finales tendrán derecho a recibir mayor información sobre las características y condiciones de provisión de los servicios y sobre la calidad con que se prestan.

La nueva Ley protege de modo "más eficaz"los datos de carácter personal con la aplicación de las normas de protección de datos que se obtengan de las etiquetas de los productos comerciales mediante dispositivos de identificación que hacen uso del espectro radioeléctrico (RFID), a la vez que mejora el acceso a los servicios de telecomunicaciones para personas con discapacidad.

Por otra parte, el proyecto refuerza las competencias de la CMT. En los supuestos de fallo persistente de la competencia en el mercado, la CMT podrá imponer al operador con poder significativo en el mercado --Telefónica en el caso de la red fija en España-- la obligación de realizar una separación funcional entre su red y los servicios minoristas que presta.

Asimismo, se otorga al regulador la competencia para establecer requisitos mínimos de calidad de servicio a los operadores para evitar la degradación del servicio y la obstaculización o ralentización del tráfico en las redes.

El proyecto de Ley elimina el período de dos años como plazo necesario para proceder a la revisión de los mercados de referencia, por resultar más racional y flexible la revisión periódica.