Bruselas reclama a España las reformas que no ha aplicado

La CE recomienda a España que «introduzca una norma de gasto para todos los niveles de Gobierno en la Ley de Estabilidad Presupuestaria» para mantener el gasto público por debajo de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo. El pasado mes de marzo, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a mantener el gasto del Gobierno central por debajo del crecimiento del PIB nominal.

Sin embargo, optó por no imponer este techo a las comunidades, al preferir que adoptaran el mismo compromiso voluntariamente tras discutirlo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este consenso, tan irreal en el panorama actual de enfrentamiento tras las elecciones autonómicas, es un brindis al sol para Bruselas, que quiere que la disciplina fiscal de las autonomías venga atada por ley.

Escasa competitividad
No son las únicas recomendaciones que lanzó ayer el Ejecutivo comunitario a nuestro país para el próximo año y medio. Bruselas también se atreve con la debilidad de la competitividad española, y solicita al Ejecutivo reducir las «relativamente altas» contribuciones sociales para disminuir los costes laborales no vinculados al salario e impulsar así la competitividad. Para compensar esta reducción de ingresos a las arcas del Estado, la CE propone incrementar los impuestos sobre la energía, «especialmente a los carburantes», ya que permanecen en una situación relativamente baja.

Aboga también por abrir el mercado a los servicios profesionales y favorecer el clima empresarial mejorando la coordinación entre las Administración Central y las regionales, para «reducir las barreras a las empresas». Respecto a la necesidad de tomar más medidas de ajuste, la CE mantiene la luz de alerta encendida el pasado mes de mayo, ya que sus previsiones prevén un «ligero» desajuste respecto a lo esperado por el Gobierno. Si Madrid previó reducir el déficit hasta el 6% del PIB comprometido para este año, Bruselas espera que se cerrará con el 6,3%.

Sin embargo, «hemos tomado la palabra del Gobierno, y si hay una desviación respecto al objetivo de déficit, tomarán medidas», comenta un portavoz comunitario. La «lista de tareas» se hizo extensiva para el conjunto de los Veintisiete, ya que la CE presentó ayer las recomendaciones que los Estados miembros tienen que cumplir dentro del llamado semestre europeo, la iniciativa para armonizar las políticas económicas de la UE antes de llegar a una situación de pánico, como en la crisis actual.

Bruselas ha evaluado el programa nacional de reformas enviado por el Gobierno, en el que se incluye un repaso a las medidas aprobadas o en tramitación, como la Ley de Economía Sostenible, la reforma del mercado laboral, o la reforma del sector financiero. Y para cada uno de los puntos, Bruselas no oculta sus peros porque, como dijo el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, «no hemos hecho diplomacia». Respecto a la reforma del mercado laboral, el colegio de comisarios quiere que nuestro país revise antes de que termine el año cuál ha sido el impacto de la reforma, ya que «algunas medidas no son operativas todavía». Si resultara necesario, la CE pide más mejoras para combatir la segmentación del mercado laboral y el enorme desempleo juvenil, situado en el 45%.

También pide que se «refuerce la reestructuración en marcha de las cajas tratando las debilidades que permanecen en sus estructuras de gobierno», ya que, según el documento comunitario, el papel de las autoridades locales no está totalmente solventado, y las fusiones frías han dejado dudas sobre la «efectiva reorganización bancaria». Respecto a la negociación colectiva y la indexación de los salarios, la CE vuelve a presionar en favor de que el aumento de los salarios «refleje mejor el comportamiento de la productividad», y añade esta vez que se tengan en cuenta «las condiciones locales y de la empresa».