87 millones en 130 ayudas sin control y arbitrarias

SEVILLA- Las ayudas sociolaborales presupuestadas año tras año tenían una doble función: pagar los expedientes de regulación de empleo y subvencionar a empresas necesitadas a cambio de compromisos en el mantenimiento o la creación de empleo. La mayoría de los 647 millones destinados entre 2001 y 2009 sirvieron para la primera causa, pero casi 83 se destinaron a la segunda.
El problema es que la opacidad era tal que la mayoría de las empresas desconocía su existencia. Sin bases públicas ni información, las 130 que se concedieron durante ese periodo se repartieron de manera arbitraria, según el criterio de la Consejería de Empleo. La mayoría acabaron en la provincia de Sevilla y, en concreto, en la Sierra Norte, ya que Francisco Javier Guerrero era natural de El Pedroso y fue alcalde de este municipio entre 1995 y 1999.
Los informes de la Intervención General de Hacienda de 2005, 2006 y 2007 fueron desoídos. A las empresas no se les exigió ningún plan de viabilidad y no se hizo un seguimiento de las ayudas concedidas.
Según reconoció ayer el consejero de Empleo, Manuel Recio, trece ayuntamientos se beneficiaron de este fondo por una cantidad de 3,3 millones de euros, diez de ellos de la provincia de Sevilla. Asociaciones afines al PSOE también obtuvieron partidas con cargo al programa 31L.
«Será la juez la que determine si hay irregularidades», señaló. La Junta enviará los expedientes para colaborar con la Justicia, aunque el consejero admitió que tiene «una larga lista de peticiones» de la juez de instrucción Mercedes Alaya: «Nos manda todos los días», dijo. Ése es el motivo de que la Junta esté enviando documentación, al margen de que se pretenda ofrecer una imagen «colaboracionista» e incluso «anticipadora» a las solicitudes de la juez. La instrucción sigue su curso. La Junta no quiere que las presuntas irregularidades salpiquen al actual Ejecutivo. Por si acaso, el consejero de Empleo aseguró en el Parlamento que «si cae un compañero me dolerá enormemente».

«Sin temor» a una fiscalización de las ayudas a la contratación
El PP califica la Consejería de Empleo como la «cueva de Alí Babá» y ha advertido de que hay varias líneas de investigación abiertas. Una de ellas –se lo repitió ayer Arenas a Griñán– son los fondos destinados a la contratación, otra de las partidas presupuestarias del departamento. Recio aseguró que afronta esta posibilidad «sin temor» y que pese a los escándalos no se arrepiente de haber aceptado el cargo ni dimitirá: «Para mí es un honor estar aquí y lo va a ser mientras el presidente de la Junta tenga confianza en mí».