La UE otorga más capacidad y poder sancionador al Banco de España

"Debe garantizarse un mayor refuerzo de la independencia operativa del Banco de España", asegura el Memorando de Entendimiento acordado la pasada madrugada, al que hoy ha tenido acceso Efe.

El texto exige a España dar más poderes a su banco central, que además tendrá que llevar a cabo un ejercicio interno para detectar posibles deficiencias en su funcionamiento.

Esta es una de las 32 condiciones que España tendrá que asumir a cambio de la ayuda europea de hasta 100.000 millones de euros que recibirá para recapitalizar su sector bancario, según el Memorándum de Entendimiento al que hoy tuvo acceso Efe.

El Gobierno de Mariano Rajoy, entre otras cosas, estará obligado a llevar a cabo una profunda revisión del sector bancario que incluirá planes de reestructuración de entidades, reforzar el papel del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del fondo de garantía de depósitos y transferir competencias al Banco de España desde el Ministerio de Economía.

El monto total de la asistencia financiera -que puede alcanzar hasta 100.000 millones de euros- sólo se determinará a finales de septiembre, cuando se conocerán las necesidades exactas de todos los bancos gracias a los resultados de la evaluación pormenorizada de las carteras crediticias encargada por el Gobierno y a las pruebas de resistencia individualizadas.

Las condiciones, sin embargo, ya están pactadas y se fijarán definitivamente el 20 de este mes con la firma del memorando de entendimiento.

El vencimiento de los préstamos, que se transferirán en varios tramos, tendrá una media de 12,5 años y un máximo de 15 años, según explicó al término de la reunión el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.

A cambio de esas ayudas, Europa impondrá condiciones a los bancos rescatados siguiendo las reglas de ayudas de Estado.

Por ejemplo, se aplicará la "segregación de activos"en aquellos bancos que reciban ayuda pública en compañías específicas de gestión de activos, inmobiliarios en este caso, es decir se creará un "banco malo", explicó el presidente del grupo de trabajo del euro, Thomas Wieser.

Las condiciones serán también para el conjunto del sector, pues tal y como avanzó a su llegada a la reunión el ministro español, Luis de Guindos, todas las entidades tendrán que cumplir con el requisito de contar con el 9 % de capital de máxima calidad, como ya hacen las más grandes.

El Estado tampoco se librará de nuevas obligaciones, tal y como se encargó de dejar claro el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn.

"España tendrá que cumplir plenamente con sus compromisos bajo el procedimiento por déficit excesivo y las recomendaciones para corregir los desequilibrios macroeconómicos", aseguró.

Es decir, que el gobierno de Mariano Rajoy se verá obligado a subir el IVA, eliminar la deducción por vivienda, rebajar la imposición sobre el trabajo y cumplir con otras posibles futuras recomendaciones de Bruselas a cambio del dinero.

Por ahora, las ayudas europeas se harán como estaba previsto a través del Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB) y por tanto contabilizarán como deuda pública.

Juncker, sin embargo, dejó claro que España se podrá beneficiar de la recapitalización directa en cuanto se ponga en marcha un supervisor bancario europeo y que, una vez que se opte por esa vía, el Estado ya no tendrá que garantizar los préstamos a los bancos.

De Guindos, al término de la reunión, no quiso entrar en detalles y se limitó a asegurar que España logró "dos muy buenos acuerdos"en el Eurogrupo.

Además del acuerdo sobre la ayuda a la banca, los ministros de Finanzas acordaron dar a Madrid un año más, hasta 2014, para rebajar el déficit público del 8,9 % actual a menos del 3%.

En virtud del pacto de hoy, España no tendrá que rebajar este año su déficit hasta el 5,3 %, como estaba inicialmente previsto, sino que bastará con que se sitúe en el 6,3 %.

En 2013, el déficit tendría que bajar hasta un 4,5 %, para disminuir, finalmente, hasta un 2,8 % en 2014. A cambio, el Ejecutivo deberá adoptar "sin demora"medidas de austeridad adicionales en 2012.

Los socios europeos dan a España un plazo de "tres meses para que el Gobierno adopte medidas eficaces"y evaluarán cada trimestre los progresos del país en la reducción del déficit.