Mercasevilla «legaliza» la expulsión de la oposición y la huida de Torrijos

El PSOE e Izquierda Unida emplearon el pasado verano en buscar la fórmula legal para completar una reducción del consejo de administración de Mercasevilla que deja fuera al único partido de la oposición municipal, el Partido Popular. La junta general de accionistas consumó ayer esta expulsión aprobando una modificación estatutaria que desvirtúa la paridad entre los representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento y, de paso, deja vía libre a Antonio Rodrigo Torrijos para abandonar la sociedad en medio de tres causas judiciales abiertas.

En julio pasado, el Gobierno local se encontró en el artículo 25 de los estatutos un indeseado obstáculo para reducir a nueve el número de consejeros de Mercasevilla, bajo la excusa de la austeridad y dejando al frente de la entidad al socialista Alfonso Mir como nuevo presidente, Torrijos –que no pudo colocar entonces en su lugar a su compañero Carlos Vázquez por no ser concejal electo–, el interventor y el secretario del Ayuntamiento y la directiva de la Agrupación de Interés Económico (AIE) María Luisa García.

Obstáculos
Fue el PP quien advirtió de que ese artículo 25 impedía la mayoría de técnicos sobre políticos entre los consejeros municipales, así que PSOE e IU han optado por eliminar directamente ese obstáculo legal, con la colaboración de Mercasa–que mantiene a sus cuatro portavoces– y el rechazo del accionista minoritario, la Asociación de Mayoristas de Fruta.

Así, la junta de accionistas cambió ayer sin unanimidad el reglamento interno de Mercasevilla para admitir a tres técnicos y dos políticos en la representación municipal. En sustitución de Torrijos, el PSOE coloca en los órganos de gobierno a la delegada de Salud y Consumo, Teresa Florido. A cambio, IU sitúa en el lugar de la directiva de la AIE a la coordinadora del área de Socioeconomía, Juana Martínez, estrecha colaboradora del grupo municipal y del propio Torrijos.

Mir calificó de «positivos» estos cambios, porque «confirman» la decisión del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, de «despolitizar» la entidad. En la práctica, la operación se zanja con Torrijos más lejos de los escándalos y el PP fuera de los órganos directivos tras denunciar insistentemente las «prácticas corruptas» que han llevado a Mercasevilla al borde de la ruina y a la investigación judicial de la presunta petición de comisiones ilegales al Grupo La Raza, la venta supuestamente fraudulenta de los terrenos a Sando y la existencia de indicios de delito societario en su gestión.

Precisamente, los mayoristas de la fruta están ahora más dispuestos a emprender «acciones civiles y penales» por delitos societarios contra el anterior consejo de administración, o sea, incluyendo a Monteseirín y al propio Torrijos. Según Europa Press, el presidente del colectivo, Fernando Castro, lamentó la renovación estatutaria aprobada con su voto en contra y que se ignore su propuesta de dejar el consejo con nueve miembros, para dar cabida «por el bien de la ciudad» a todos los grupos municipales. Advirtió de que la «falta de transparencia» sigue impregnando la sociedad, y criticó que no se ha presentado un auténtico plan de viabilidad.

Para el popular Beltrán Pérez, la modificación estatutaria prueba «la ilegalidad» cometida previamente «para expulsar al PP», dentro de una «estrategia de encubrimiento» de los hechos acaecidos en la sociedad. «No se puede cometer un acto ilegal y luego legalizarlo, es una aberración», insistió, y censuró que Torrijos «abandona el barco que se hunde, la empresa que él mismo contribuyó a quebrar».