El último cartucho de Zapatero

MADRID- El presidente del Gobierno allanará el camino a su sucesor y próximo candidato a las generales. Por eso prepara, como despedida del cargo, unos Presupuestos del Estado de 2012 expansivos, en los que abrirá, por primera vez, la mano después de una larga temporada de duros ajustes para sacudirse de encima el fantasma del rescate. Zapatero intentará compensar a los pensionistas los sacrificios para contribuir a la salida de la crisis. Así, a dos meses de las generales, los más de ocho millones de pensionistas verán revalorizadas sus nóminas un 2 %.

Este colectivo se convertirá este ejercicio en uno de los más castigados por el Ejecutivo socialista, con una merma de sus ingresos de 3.000 millones de euros, si, al final, la inflación no baja del 3%, porcentaje en el que, según los expertos, concluirá este año. A esta cuantía, hay que sumar otros 3.000 millones que no se consolidarán en sus nóminas en 2012, al permanecer congeladas sus pensiones. En total, habrán perdido en dos años 6.000 millones de euros.

Sin paga extra
Si las pensiones se hubieran incrementado en 2011 en función del IPC, el Ejecutivo abonaría en enero una paga extra con la diferencia entre la inflación prevista y la real. Sin embargo, como sus salarios han permanecido congelados, en enero que viene no percibirán la tradicional paga extraordinaria.

En este escenario y para contrarrestar la impopularidad que supone llegar a unas elecciones con los sueldos de más de ocho millones de pensionistas congelados, el Gobierno perfila unos Presupuestos en los que se revalorizará sus retribuciones un 2%, porcentaje estimado para la inflación en 2012, al calor de la reactivación. El equipo de Zapatero no descarta revalorizar también las retribuciones de los empleados públicos. No obstante, baraja un alza de sus nóminas inferior a la de las pensiones de entre el 1% y el 2%. Fuentes gubernamentales consideran que la subida de las pensiones debe ser mayor por «tratarse del colectivo más azotado por la crisis». Además, después de un año y medio de recortes, Zapatero permitirá un alza de los gastos sociales de alrededor del 4%, porcentaje que espera crezca el PIB nominal.

De esta manera, suavizará a su sucesor el escenario presupuestario de cara a las generales. Fuentes gubernamentales aseguran a este diario que en La Moncloa se es muy consciente del fuerte castigo que recibirán los socialistas en las urnas por la adopción de los mayores recortes sociales de la historia. Por eso el jefe del Ejecutivo intentará corregir la esperada sangría de votos con unos Presupuestos expansivos, que «pondrán los cimientos de la recuperación».

El escenario macroeconómico revisado a la baja esta semana por la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, para el próximo año aventura un crecimiento económico del 2,3% del PIB, que, aunque será insuficiente para absorber una tasa de paro del 20%, permitirá al Gobierno «algo de alegría en el gasto social».

El presidente ha sondeado ya las eventuales alianzas para sacar adelante estas cuentas. De momento, el PNV se deja querer. Los nacionalistas prefieren esperar a que se acerque en el calendario la votación parlamentaria para definirse con mayor claridad. Coalición Canaria, por su parte, vincula sus pactos al devenir de su candidato a las autonómicas.

Mientras llega la votación, el Ejecutivo esgrime para justificar estos Presupuestos, que remitirá en septiembre al Congreso, «los deberes hechos previamente» por el Gabinete Zapatero. De hecho, los empresarios y los sindicatos deberán cerrar este mes sus negociaciones. El Gobierno desea incluir en el acuerdo que alcancen los agentes sociales la vinculación de los incrementos salariales a las evolución de la empresa en lugar de a la inflación. No obstante, se dará deliberadamente unas semanas de plazo para redactar la percha legal de los cambios que se introducirán en la negociación colectiva. Tratará de ganar tiempo y posponer esta reforma para después del 22-M. Así, el presidente atenderá el requerimiento de insignes miembros de su Gabinete para no aprobar nuevas reformas en vísperas de la cita con las urnas. «Unas semanas de diferencia no representan nada y se evita un castigo innecesario a los candidatos a las elecciones», aseguran en el Ejecutivo. Y es que el Gobierno ya tiene puesta la mirada en las distintas citas con las urnas.