El Tribunal Supremo también «tumba» la biblioteca del Prado

El Tribunal Supremo, como antes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), considera, en tres sentencias, que la biblioteca paralizada en el Prado de San Sebastián es ilegal, confirmando la decisión de junio de 2009 del Alto Tribunal Andaluz y rechazando los recursos de la Universidad de Sevilla, el Ayuntamiento y la Junta.

La obra de la biblioteca ya fue paralizada por el TSJA en una primera sentencia que ahora ha sido ratificada por el Supremo
La obra de la biblioteca ya fue paralizada por el TSJA en una primera sentencia que ahora ha sido ratificada por el Supremo

El TSJA hablaba de una obra «irracional» y una vulneración de la «conquista urbanística» que suponen los jardines. El Supremo da la razón a los vecinos que denunciaron la tala de árboles y la construcción en una zona verde. La Universidad ya ha invertido cuatro millones en el proyecto de Zaha Hadid. El Supremo ratifica que la calificación urbanística del enclave como equipamiento educativo no se justifica.

La Sección Quinta de lo Contecioso-Administrativo subraya la especial sensibilidad de las zonas verdes y su «vocación de permanencia, que ha de ser respetada en alteraciones del planeamiento posteriores, salvo que concurran razones de interés general». El fallo indica que la construcción de un «atractivo edificio» en el centro forma parte de la potestad discrecional de la Administración, aunque añade que «no puede sobrepasarse» y señala a errores o abusos en que «pudiera haber incurrido el planificador».

Para los recurrentes, la sentencia del TSJA carecía de motivación. El Supremo explica que en el auto del Alto Tribunal Andaluz «los recurrentes demuestran un conocimiento preciso y pleno (...). Cuestión diferente es que disienta de tales razones, pero éste es un asunto ajeno al déficit de motivación que se reprocha». Según el Supremo, la modificación de la calificación de parque a equipamiento educativo «no se ajusta a los contornos propios en los que ha de moverse una decisión discrecional, ni dicha decisión ha sido debidamente justificada». El auto señala que el cambio de calificación se produjo a instancias de la Hispalense.

«Aunque se mantenga el uso público (...) porque la construcción sea una biblioteca, sólo puede hacerse exponiendo las razones por las que ningún otro emplazamiento, que no liquide una zona verde, es posible», añade, hablando de la «nada desdeñable» extensión de 4.000 metros cuadrados. En este caso, la Junta reconoció que hay otras ubicaciones adecuadas. «Los intereses universitarios no resultan incompatibles, ni se ven perjudicados, con el mantenimiento de la zona verde y el emplazamiento de la biblioteca en otro lugar», dice el Supremo.

La sala ha valorado la defensa de una zona verde, no el interés particular de las viviendas de los denunciantes, pese a que «en una primera impresión pudiera parecer que los tres recurrentes –como administraciones públicas– representan los intereses generales». La Universidad señaló que analizará «con detalle» el varapalo, aunque añadió que el Supremo «parece dejar una puerta abierta» al hablar del «interés público». El Consistorio, ahora con otro Gobierno al que recurrió, ya comentó que acataría la decisión. Los vecinos del Prado recordaron que no se oponen a la construcción sino a que se ejecute en el parque y recordó, a través del presidente de la asociación Huerta de la Salud, José Miguel González, que se han «mutilado» 230 árboles.

Con los libros a otra parte, por Silvio
Las instituciones gobernadas por la izquierda (el Ayuntamiento de antes, la Junta y también la Universidad) hacen siempre sonoras protestas de respeto hacia la Justicia y hacia el medioambiente. Excepto cuando una sentencia les quita la razón o una zona verde obstaculiza sus pretensiones inmobiliarias. La Hispalense quiso imponer un trágala a la vecindad pero se encontró con que una avanzadilla de la sociedad civil, esa gran desconocida, plantó cara y ganó. Y ha vuelto a ganar. Como en toda confrontación, el bando vencedor (la ciudadanía) también cuenta las bajas: más de dos centenares de árboles talados y varios millones de euros públicos enterrados por la terca megalomanía del rector. Ha hecho daño suficiente como para dimitir pero descuiden, seguirá. ¿Y si la cosa tuviese gracia? Diría Chiquito: hasta luego, Luque.