Croem alerta sobre la generación de un clima de crispación social intolerable

En este sentido, la Confederación alertó que se está generando «un clima de crispación social intolerable», y consideró imposible «admitir que en defensa de derechos e intereses se utilice la fuerza y la agresión grave a personas», según informaron fuentes de la Confederación en un comunicado. Así, ante las sucesivas manifestaciones convocadas por las organizaciones sindicales en el sector público, consecuencia de las excepcionales medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno regional y aprobadas por el Parlamento correspondiente, Croem expresó «la preocupación que genera la tensión y crispación suscitada por efecto de las acciones que se vienen realizando, incluida la agresividad hacia políticos representativos de la Región de Murcia».

Al respecto, aclaró que se trata de acciones «que han de ser rechazadas y condenadas por no deseables ante la falta de respeto que supone para quien ejerce responsabilidades de gobierno», y ha añadido que «podrá exigírsele otras decisiones, pero nunca coaccionando con el insulto y el ataque hacia personas y familiares». En todo caso, consideró que, «partiendo siempre del respeto pleno al derecho que asiste a convocantes y asistentes a las manifestaciones en defensa de sus legítimos y justos intereses, tanto política como jurídicamente, las excepcionales medidas de ajuste que recoge la Ley regional hay que calificarlas de inevitables y necesarias, por incómodas e impopulares que sean». En este sentido, la patronal dijo que las medidas «no significan otra cosa que complemento a las ya acordadas por el Gobierno de la nación, que no tuvieron la respuesta social de funcionarios públicos que ahora se está dando a nivel de Comunidad Autónoma».

De otra parte, explicó que se trata de decisiones inducidas por el Estado por «obligatorias» para obtener autorización para asumir endeudamiento que permita pago a proveedores, prestación de servicios básicos y ejecución de inversiones imprescindibles. De no conseguirse la situación financiera «originaría nuevos problemas en el cumplimiento de obligaciones, incluidos los del personal de la Administración regional», según la patronal.