El ex tripartito fuerza abrir en agosto el Parlament por el caos de las ayudas

Barcelona- El retraso en los pagos de la renta mínima de inserción (RMI, también conocida popularmente como pirmi) ha alterado el ritmo estival del Parlament. Las formaciones que integraban el tripartito, PSC, ICV y ERC, han visto en este escándalo el motivo suficiente para pedir la convocatoria de la Diputación Permanente y que el Govern explique todos los problemas que está conllevando el cambio de forma de pago, de transacción bancaria a cheque nominal para los más de 33.000 beneficiarios de las ayudas a los más necesitados.
Las explicaciones dadas esta semana por el secretario general de Empresa y Ocupación, Enric Colet, y el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, no han sido suficientes para la oposición, que considera que el Govern debe rendir cuentas en el Parlament ante la «emergencia social» que ha provocado el cambio en el modo de pago que, según el president, obedece a perseguir el «fraude» en las ayudas. Hace apenas cuatro días, 15.000 personas todavía no habían recibido la subvención pública de 420 euros de media para poder subsistir este mes , una situación insostenible a ojos del ex tripartito, que cree que se trata de un recorte social más del ejecutivo.

De la peor manera
Ayer PSC, ERC e ICV unieron fuerzas, como si de la anterior legislatura se tratara. La portavoz de ICV, Laia Ortiz, anunció que el martes registrarán en la cámara la petición de convocatoria de la Diputación Permanente, con el aval de PSC y ERC. Desde el anuncio, la ruptura del receso vacacional en la cámara estaba asegurada, ya que si lo piden dos grupos o una quinta parte de los diputados la presidenta del Parlament debe convocar a este órgano.
No estaba claro entonces que los consellers de Bienestar y Familia, Josep Lluís Cleries, y Trabajo y Empresa, Francesc Xavier Mena, fueran quienes vayan a explicar en el Parlament el cambio de metodología en el pago de la RMI porque esta petición necesita de mayoría absoluta. Sin embargo, la duda se despejó pronto. Por una parte, el PP anunció que avala la comparecencia de los consellers y, por otro, CiU explicó que no pondrá trabas a que Mena y Cleries comparezcan.
Toda la oposición coincidió en que el cambio en la forma de pago se ha hecho de la peor manera posible. Hacerlo en agosto –mes en que muchos asistentes sociales están de vacaciones y no pueden atender a las familias afectadas– al mismo tiempo que revisan los expedientes para evitar el fraude –la Generalitat alega que en diez años no se han estudiado y hay gente cobrando la ayuda que ni siquiera vive en Cataluña– ha provocado una situación asfixiante para los afectados.
El presidente parlamentario del PSC, Joaquim Nadal, alertó de que «no pueden pagar justos por pecadores», por lo que dijo al ejecutivo autonómico que las familias que perciben la ayuda tienen derecho a seguir cobrando mientras se revisan los expedientes. Por su parte, el portavoz del PP, Enric Millo, aseguró que «el Govern ha cometido el grave error de matar moscas a cañonazos en la lucha contra el fraude» y añadió que, visto lo ocurrido, la Generalitat ha mostrado «una falta de previsión y una nefasta gestión en los cambios en el pago de la RMI». Más allá de la «obligatoria» comparecencia, el PP instó al ejecutivo a que «resuelva el problema».
Si la petición –a la que también se suma SI– se registra el día 16 como está previsto, la Mesa del Parlament se reunirá la semana que viene para fijar el calendario de las comparecencias que, previsiblemente, se realizarán la semana del 22 de agosto.

El Síndic pide que se pague por transferencia
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha pedido al Govern que vuelva a pagar en septiembre la RMI por transferencia bancaria. La demora en el cobro del 45% de los beneficiarios ha ocasionado «un agravio para el derecho de las personas», por lo que instó a la Generalitat a que actúe con celeridad para que los afectados cobren «lo más pronto posible». El lunes abrió una actuación de oficio para valorar el cambio en la forma de pago y ha pedido por carta a los consellers, entre otros, que amplíen la cobertura del teléfono 900 900 500 para atender a los afectados.