Ángeles González-Sinde

El canon digital también bajo sospecha

Las entidades de gestión pidieron ayer a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, mano dura contra la SGAE.

La Razón
La RazónLa Razón

En una reunión mantenida ayer a petición de las entidades gestoras AGEDI, AISGE, CEDRO, DAMA Y EGEDA, éstas sociedades reclamaron «medidas cuanto más radicales mejor» contra el caso de supuesta corrupción desvelado en la citada entidad ya que, a su entender, tras la polémica, se está poniendo en cuestión el modelo de protección de derechos de autor. En declaraciones a la prensa, Antonio Guisasola, portavoz de AGEDI, aseguró que «las entidades son transparentes, hacen un trabajo razonable y están sometidas a controles de auditorías que no deberían ser criticados. Ofrecemos nuestra colaboración para aportar la documentación que se nos requiera. No tenemos nada que ocultar y la gestión es razonable», dijo Guisasola sobre el trabajo de las entidades, que «no son una panda de amiguetes». A pesar de que esta semana han aparecido con fuerza rumores que aseguran que, tras descubrirse la trama de la SGAE, el Gobierno podría eliminar el canon digital, la ministra señaló en declaraciones a los medios de comunicación que «el canon ha de ser modificado de manera que satisfaga a las sociedades de gestión de derechos y a los usuarios», aunque no eliminarlo. En opinión de Sinde, «los posibles delitos no desacreditan» a la entidad, y se mostró de acuerdo con la decisión de la Junta Directiva de apartar a Bautista de la gestión para que prepare «su defensa». Esta semana, diversas asociaciones de consumidores presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que se acusaba de fraude a la Hacienda Pública, ya que, según los autores de la demanda, existía un pacto entre las entidades de gestión y Cultura por el cual, si la recaudación por concepto de canon no alcanzaba los cien millones de euros anuales, el erario público pondría la cantidad que faltase. En el caso de la SGAE, por ejemplo, la documentación aportada indica que hay una diferencia de 1,893 millones de euros entre la factura presentada a Cultura y a sus propios asociados.
La Unión Europea ha puesto en entredicho el modelo español de esta tasa, por que necesariamente deberá ser reformada. Para las entidades de gestión, cargar el canon a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es «mucho más indiscriminado» que el modelo actual. El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado incorporar al orden del día del Pleno del 12 de julio la Proposición no de Ley referente a la eliminación del canon digital que ya había sido presentada anteriormente. Los populares consideran que el canon digital debería ser sustituido por «otras fórmulas compensatorias menos arbitrarias e indiscriminadas».